Los condenados por coacciones a Sonia Vivas piden volver a la Policía Local

El representante legal de ambos funcionarios presentó el pasado viernes un escrito por vía telemática destinado al Ajuntament de Palma, en el que se hace constar que son “agentes de la Policía Local, que se encuentran apartados de servicio sin que le consten ningún tipo de medidas judiciales que se lo impidan”. Además, añade que son “aptos para el servicio, están dispuestos, si así lo estima esa corporación a reincorporarse de forma inmediata al servicio y suplir en el grado en que se puedan las necesidades que puedan existir por el estado de alerta”.

Hay que recordar que ambos agentes fueron condenados a dos años de cárcel como autores de sendos delitos de coacciones a Paola V. G. para que "colaborase con los acusados con su testimonio y actuaciones contra Sonia Vivas con el fin de hacer fente a la denuncia que por su parte Sonia había interpuesto" contra ellos y así "hostigarla y desacreditarla". Sonia Vivas acusaba a sus compañeros de haberla vejado por su condición de lesbiana con insultos y expresiones homófobas.

En febrero del año pasado el TSJIB rebajó la condena hasta 15 meses de prisión e inhabilitación especial para el empleo de policía local durante el tiempo de la condena. Además, Rafael P. fue condenado por denuncia falsa y falso testimonio a dos años y dos meses de prisión. La sentencia fue recurrida en casación y está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo.

Concejala de Podemos

Sonia Vivas es actualmente concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ajuntament de Palma.

Recientemente el Juzgado de Instrucción 1 de Palma ha admitido a trámite la querella de la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA) por presunta estafa.

La querella contra la concejala de Podemos se construye en base a la supuesta utilización de los mismos informes médicos en dos causas diferentes: una de 2011, cuando Vivas denunció a su ex pareja y otros dos agentes por presuntas calumnias y falsificación de datos para presuntamente perjudicarla -caso que se sobreseyó-, y la segunda, en 2016, en el marco del caso ya juzgado y por el que fueron condenados los dos agentes que ahora piden su reincorporación al servicio.