Los ejercicios de transparencia recogidos en los códigos éticos de casi todos los partidos no son solo una labor de higiene política aconsejable, sino que deberían estar instaurados como requisito ineludible para cualquiera que pretenda acercarse a la práctica de gestionar el bien público. Los partidos abocados a la acción de gobierno son aquellos que normalmente muestran mayor elocuencia verbal pero luego, la implantación de sus medidas de transparencia se quedan en acciones insuficientes. Es un paso, pero pequeño.
Para eso están los partidos alejados de las posiciones de responsabilidad de gobierno continuada. Son los más beligerantes con este tema, muy exigentes con lo que deben hacer los políticos en materia de transparencia y buen gobierno. Y eso es bueno, muy bueno, sino fuese porque propugnan lo que deben hacer … los demás. Cuando han de plasmarlo en papel y para su propia organización, las cosas cambian.
Es el caso de Més per Menorca. En su código ético, la agrupación gobernada en casi su totalidad por el PSM prohíbe a sus cargos públicos votar a favor de un aumento de sueldo. No les insta a votar en contra, si no a no votar a favor. Si cae el aumento porque lo vota otro … No se habla de la renuncia a un posible aumento de sueldo o de la donación a una ONGs de ese incremento. Tan solo hablan de no votar a favor. ¿Insuficiente?
Més per Menorca establece también que ninguno de sus cargos electos podrá acumular más de una responsabilidad pública. Pero por si acaso, hay que dejar una puerta abierta, no vaya a ser que tengan que ejercer de conseller o diputado y concejal a la vez por ejemplo. Por eso apostillan, “a no ser que la asamblea decida lo contrario de forma extraordinaria”. ¿Más de lo mismo?
Del mismo modo, aseguran en su código ético que se comprometen a dar explicaciones ante la ciudadanía y su propia asamblea sobre su actividad política. Eso es esta bien pero es perogrullo. Pero apostillan “a menos que sea de carácter confidencial, que haga referencia la vida privada de terceros”. Si esa acción política afecta a la seguridad de Estado, es lógico. Pero la redacción es tan vaga que en la confidencialidad cabe casi todo y eso no es bueno.
Pero hay más. Si uno de sus cargos públicos es imputado por corrupción “o cualquier otro delito que vaya en contra del ideario de la formación”, éste no está obligado a dimitir, tan solo a poner su cargo a disposición de la asamblea, para que sea Més per Menorca quien decida. No habla de expulsión de la formación ni a renuncia inmediata al cargo, ni siquiera de la obligación de la asamblea a aceptar su dimisión. Además esta casuística ¿es solo válida para un caso de imputación por corrupción? ¿Y si es imputado por otro delito como violar la ‘ley de símbolos’? No estarán a favor, eso es respetable, pero se ha aprobado de forma democrática en la cámara en la que son representantes. ¿Qué dirían si los ‘otros’ hiciesen lo mismo, no respetar lo que no les gusta y que ha sido aprobado con el apoyo de Més?
