Declaran que crearon una asociación de marihuana "para evitar el mercado negro"

El presidente, el secretario y el tesorero de la asociación- planteada para el estudio y la investigación del cannabis- se enfrentan a una pena de siete años de prisión por presuntos delitos contra la salud pública y de asociación ilícita. La Fiscalía les acusa de poseer grandes plantaciones de marihuana en fincas de Llubí y Sineu, donde fueron intervenidos 81 kilos de sustancia en septiembre de 2015.

El presidente y el secretario de la asociación han señalado que crearon la asociación para evitar recurrir al mercado negro porque eso implicaba desplazarse a barrios "donde es delicado meterse" y "te juegas el pellejo". "Nosotros no queremos eso, somos personas normales, éramos un grupo de amigos hartos de pasar estos malos ratos", ha dicho el presidente, que ha sido el primero en declarar.

Los acusados han explicado que crearon la entidad siguiendo una guía de la Federación de Asociaciones Cannábicas y asesorados por un gabinete jurídico, además de "leer noticias en la prensa" y "ver vídeos en YouTube".

Han mantenido que el número de socios de la entidad osciló siempre sobre el centenar y, a preguntas del fiscal, el tesorero ha negado que llegaran a las 350 personas.

Para ser socio tomaban datos personales y exigían ser mayor de edad y consumidor. Para constatar esto último, se hacía una entrevista previa y era necesario contar con el aval de otra persona que ya fuera miembro de la asociación y que pudiera dar fe de que el solicitante era consumidor. Existía un descuento para socios que acreditaran uso terapéutico del cannabis.

El presidente de la asociación ha mantenido que "sólo se cultivaba para los socios que había, nunca de más". La proporción era de una planta por cada tres socios, según ha indicado. También ha señalado que existía un "grupo de trabajo" para cada cultivo.

Los acusados han asegurado que el local de la asociación estaba lleno de carteles advirtiendo de que no se podía consumir fuera del mismo, y que contaban con taquillas para dejar los objetos personales y las cantidades de sustancia de cada socio. Igualmente han manifestado que para retirar el cannabis los asociados tenían que rellenar un recibo con varios datos, entre ellos su DNI y la cantidad retirada, por lo que quedaba constancia en un registro. "Todo el mundo era consciente de lo que pasaba con la posesión del cannabis en la vía pública", ha declarado el presidente.

También han señalado que informaban a las autoridades de las plantaciones y socios que tenían y que cuando fundaron la asociación se lo comunicaron al alcalde de Llubí en una reunión. Con todo, según el secretario, solamente informaban de las plantaciones a los mandos, "para evitar tentaciones".

Por otra parte, el secretario ha relatado las actividades que organizaban en la asociación, como la vertiente política o celebrar conferencias sobre el cannabis.

Igualmente, ha explicado que la propiedad de los cultivos era de todos los socios y que en 2012 denunciaron la desaparición de algunas plantas.

En cuanto a las plantaciones de la asociación incautadas -los cultivos tenían carteles con el nombre de la entidad-, han indicado que en el momento de la intervención no eran aptas para el consumo, sino que el cultivo estaba "muy atrasado" y la humedad de Mallorca facilita la aparición de moho y otras afecciones que obligan a descartar las plantas "por motivos sanitarios". Asimismo, han negado que fueran suyas unas plantas que fueron encontradas en un gallinero durante el operativo policial.

Por su parte, el tesorero ha señalado que en el plano económico iban "muy justos" y que no contrataron ni a vigilantes de seguridad ni a un ingeniero agrónomo, sino que cultivaban las plantas en base a su propia "experiencia".

La Fiscalía pide a los acusados una pena de 7 años de prisión y una multa de 300.000 euros, además de la disolución de la entidad.