Lo que el secreto ha desvelado

El juez Miguel Florit ponderó mal a la hora de ordenar la requisa de los móviles de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre. Pensó que era su deber investigar la filtración a la prensa de un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, antes incluso de haberlo leído y decidir al respecto. El entonces instructor del 'caso Cursach' estimó que ante la gravedad del delito, cuya autoría solo podía ser un funcionario público, “debía sucumbir el secreto profesional”.

Florit había relevado al juez Manuel Penalva tras su recusación por falta de apariencia de imparcialidad y harto de ver cómo determinados medios informaban de cuestiones que estaban siendo investigadas en un sumario declarado secreto, consideró que aquello era “la gota que colma el vaso”. Las fuentes de los periodistas, siempre los mismos, ya estaban en el punto de mira: el juez Manuel Penalva, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y algunos policías del Grupo de Blanqueo. Y sus filtraciones siempre buscaban triturar públicamente la presunción de inocencia de los investigados en el 'caso Cursach', nunca al contrario. Incluso con falsedades manifiestas, como el citado informe del Grupo de Blanqueo, que apuntaba la comisión de un fraude fiscal de más de 50 millones de euros, sin contar con el aval de la Agencia Tributaria ni de la Fiscalía Anticorrupción y reclamaba, además, la detención de 18 personas. Un delirio.

Gracias al juicio celebrado el jueves en el TSJIB hemos sabido que un periodista se jactaba de tener acceso directo al juez Penalva, algo que ya le habíamos oído a él mismo en una tertulia de IB3 Radio. Entonces no pareció muy escrupuloso del secreto profesional, cosa que parece haber corregido aunque ya es tarde, porque sus fuentes ya no le llaman y “muchos han dejado de ser amigos”. Nunca lo fueron. Le utilizaron y él se prestó. Muchos otros no quisieron jugar a eso.

El juez Florit, con el respaldo del fiscal Juan Carrau y de sus superiores jerárquicos (Bartomeu Barceló y Alejandro Luzón), optó por escudriñar en el listado de llamadas entrantes y salientes de dos periodistas para identificar al autor de la filtración. Y ordenó la intervención de los móviles de los redactores para probar la comisión del delito, aunque se echó para atrás al comprobar el revuelo que se estaba creando. No se produjo el volcado de la información contenida en los dispositivos y se ordenó su devolución, aún cuando el fiscal Carrau mostró su desacuerdo.

Está claro que se vulneró el secreto profesional, ignoro si al nivel de constituir una prevaricación, aunque personalmente no lo creo. El juez Florit consideró su deber investigar la filtración del informe y acabar con la estrategia perversa de someter a juicio público a los investigados en una causa penal que irán a juicio con su presunción de inocencia absolutamente triturada. Gracias a algunos periodistas que decidieron formar parte de aquella maniobra repugnante e ilegal. ¿Habrá sido la única vez que algo así haya sucedido? No lo creo, pero es un secreto.