Llama la atención la cantidad de acciones que el Pacto no ha desarrollado a lo largo de su mandato durante la legislatura que está a punto de concluir y que, en cambio, ahora se apresure a marcar el camino de la que está por llegar. Promueve, por ejemplo, desde hace meses, una Ley de la Buena Administración y Buen Gobierno -que no seré yo quien diga que no es necesaria, ya sea en los términos en los que está planteada o en otros incluso más audaces y efectivos- pero dilata su elaboración para que, al menos, no afecte a su mandato. O sea, pretende ponerse la medalla de quedar como el creador de una ley de buenas costumbres de la administración y la política pero se autoexcluye de tener que cumplirla dejándolo para el siguiente Govern. Da la impresión de que Antich da por hecho que será otro quien ocupe el Consolat a partir de mayo. Y parecería que esa misma intuición es la que ha llevado a Joana Barceló a dejar para el siguiente el pago a los bancos de la amortización de la deuda de la Conselleria de Turismo. La menorquina se ha ahorrado así hacer frente a una obligación de pago de unos 12 millones de euros. Pan para hoy y hambre para mañana. En este capítulo hay que recordar que el Govern siquiera ha presentado al Parlament los Presupuestos del año por lo que tampoco sabe nadie cuánto se gasta y en qué. Es de suponer que Antich impedirá que esto pueda volver a ocurrir en el futuro con la citada Ley de Buena Administración y Buen Gobierno. Pero hay más. El Ejecutivo autonómico acaba de anunciar que en próximas fechas firmará un convenio con el Estado mediante el cual se adoptarán medidas para reducir en un 30 por ciento la burocracia y las cargas administrativas. Loable, sin duda, excepto por el pequeño detalle de que no prevé que las medidas se tomen hasta finales del 2012. Es decir, que han dejado pasar casi cuatro años en blanco, buena parte de ellos inmersos en una crisis salvaje, y ahora que no le queda margen de maniobra Antich considera “una prioridad absoluta la modernización del aparato administrativo”. Especialmente significativas las palabras textuales del president en este tema: “Hay que declarar la guerra a la burocracia inútil, que hace perder tiempo y dificulta las relaciones entre los ciudadanos, lo que no puede permitirse en tiempos de crisis”. Sí, pero eso se hará la próxima legislatura, podría haber añadido. También se ha comprometido hace pocos días, pero igualmente para después de las elecciones, con el sector turístico al que ha prometido una reforma de la Ley General Turística –por supuesto mediante un gran acuerdo con el sector y el resto de formaciones políticas- de cara a simplificar trámites y con el fin de que los establecimientos turísticos se puedan modernizar con mayor agilidad. Algo parecido ha pasado con la reforma de la Playa de Palma a la que han encontrado el camino para que no se inicie antes de las elecciones para no afrontar el coste electoral del descontento de vecinos y afectados. En esa misma línea, la de dejar esperar los problemas que puedan suponer un castigo en las elecciones, parece estar la suspensión –bajo la disculpa de avería- de la obligación de pagar por aparcar en Son Espases, el hospital que los actuales gobernantes prometieron a sus votantes no construir y del que tampoco quieren dar a conocer su verdadero sobrecoste. Una cifra que, un día u otro, acabaremos conociendo aunque eso tampoco será, sin duda, antes de la próxima legislatura.
