Desde el lunes 18 y hasta el 13 de diciembre se celebrará en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma el juicio por el conocido como ‘
caso Metalumba’, una pieza separada del ‘
caso Son Oms’. En él se investiga el cobro de comisiones a cambio de tramitar una modificación de las normas urbanísticas que suponían la ampliación de la edificación del polígono de Son Oms, en las proximidades del aeropuerto de Son Sant Joan.
Se sientan en el banquillo de los acusados
Bartomeu Vicens (ex conseller ejecutivo de Territorio del Consell de Mallorca) y
Miquel Nadal (ex vicepresidente ejecutivo del Consell), ambos actualmente en prisión por otros casos de corrupción. Además hay otros cinco acusados: Antònia Martorell (esposa de Vicens), Elísabeth Diéguez (su testaferro), el abogado Jaime Montis (promotor de Son Oms), Tomás Martín (ex contable de Metalumba) y John Leaners (empresario que al parecer facilitó facturas falsas). Los delitos de los que son acusados son cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública. Los 7 acusados se enfrentan a penas que suman 52 años de cárcel.
La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación solicitó 19 años y 3 meses de cárcel para Bartomeu Vicens y 1 año para Miquel Nadal. Según la tesis del Ministerio Público, en el verano de 2004 Vicens impulsó una modificación de las normas urbanísticas para posibilitar “un desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias” en los polígonos industriales de Mallorca. De este modo no solo se vio beneficiado Son Oms, sino también Vipasima, en el polígono de Son Castelló. De acuerdo a este relato de la Fiscalía, Vicens recibió a través de su empresa pantalla Metalumba más de 500.000 euros como pago por recalificar Son Oms y más de 90.000 euros de Vipasima. Nadal es acusado de colaborar en el entramado.
VICENS Y MARTÍN YA FUERON CONDENADOS
Bartomeu Vicens y su contable, Tomás Martín, ya fueron condenados por malversación de caudales públicos en otra pieza separada del ‘caso Son Oms’ juzgada en diciembre de 2009. Vicens fue condenado a 3 años de cárcel por ordenar el pago de 12.000 euros públicos a Tomás Martín por elaborar un informe sobre el valor del suelo en Mallorca. Este informe fue plagiado de internet y su encargo sirvió de excusa a Vicens para retribuirle por facilitarle facturas falsas que permitieran blanquear los ingresos que recibía Metalumba. Martín fue condenado al pago de una multa de 4.320 euros al llegar a un pacto con la Fiscalía y devolver los 12.000 euros. Aunque inicialmente también fue condenado por el TSJB el ex secretario general de UM Damià Nicolau a 2 años y 3 meses de cárcel, el Tribunal Supremo le exoneró de toda responsabilidad. Vicens está encarcelado desde julio de 2010 y Nadal desde el pasado agosto.
PACTOS CON LA FISCALÍA
En las últimas semanas han surgido informaciones que apuntan a que la mayoría de los acusados habrían llegado a un pacto con la Fiscalía para ver rebajadas sus condenas a cambio de reconocer los hechos.
Bartomeu Vicens, según se publicó en diversos medios de comunicación en mayo, antes de iniciarse el juicio por el caso Can Domenge, habría pactado con la Fiscalía colaborar no solo en aquel asunto, sino también en ‘Son Oms’ para evitar una eventual condena que suponga el ingreso en prisión de su esposa, quien se enfrenta a 13 años y 3 meses de cárcel. Y también para evitar ser condenado a más de tres años, lo que le permitiría obtener el tercer grado penitenciario en 2014. Cabe recordar que por el ‘caso Can Domenge’ aunque la Fiscalía solicitaba para él 6 años de cárcel, finalmente redujo su petición de pena a 8 meses tras su confesión implicando a Maria Antònia Munar en un soborno a cambio de la concesión del concurso a la constructora Sacresa. Vicens confesó haber cobrado personalmente 450.000 euros del supuesto soborno de 4 millones € pagados por Sacresa y devolvió 160.000 euros, aunque dijo en el juicio que no tenía más dinero, cosa que resultó ser falsa tras el hallazgo de una cuenta a su nombre en Andorra con 600.000 euros.
EL ‘CASO SON OMS’
El ‘caso Son Oms’ se inició por la denuncia en 2008 del promotor inmobiliario Ángel Ochando quien denunció ser víctima de una estafa durante el reparto de las parcelas de Son Oms. Ochando, propietario de unos solares en el polígono, afirmó que se les exigía la cesión del 15% de los solares recalificados en concepto de comisión. En marzo se acordó, a petición de la Fiscalía, el sobreseimiento de la causa al no apreciarse ningún delito. El titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Palma indicó a los perjudicados que debían acudir a la jurisdicción civil si querían reclamar mayores compensaciones por considerarse perjudicados en el reparto de las parcelas.
Por otro lado, en julio Ochando fue juzgado por un delito de insolvencia punible, al fingir insolvencia en un proceso concursal incluyendo créditos irreales por un montante de 5,5 millones de euros para aparentar una deuda superior a la real. La Fiscalía solicitaba para él 3 años de prisión. Finalmente aceptó una condena de 6 meses.