La noticia del hallazgo de Listeria en un producto de una tercera empresa cárnica andaluza supone un doble mazazo, para la confianza de los consumidores por un lado, pero también para el prestigio y credibilidad de los productores de elaborados cárnicos, de Andalucía y de España en general, lo que es una situación injusta para todos aquellos que trabajan bien, cumpliendo con la legislación y con las buenas prácticas y que van a ver como caen sus ventas debido a la retracción de los ciudadanos, comprensiblemente suspicaces ante el desarrollo de los acontecimientos.
La situación actual, que podría aun empeorar, ya que no es descartable que puedan aparecer nuevos productos contaminados, no es responsabilidad solo de las empresas productoras, y sin embargo serán ellas, sus trabajadores y las familias que de ellos dependen, las que se llevarán la peor parte de lo que se derive de esta crisis. También tienen una enorme responsabilidad las administraciones, tanto autonómica como central.
Todos los que tenemos un cierto conocimiento de microbiología sabemos que los gérmenes son ubicuos y que la seguridad absoluta es imposible, por lo que cada eslabón de la cadena alimentaria debe seguir de modo estricto los protocolos de buenas prácticas y las administraciones deben cumplir con su obligación de inspección, control y sanción, en caso necesario, así como de vigilancia de los posibles brotes de toxiinfecciones alimentarias y de la adopción rápida de las medidas oportunas para atajarla y evitar su diseminación.
Cuando aparecen productos contaminados por listeria en tres empresas distintas, ubicadas en tres zonas geográficas no contiguas, puede ser que todas ellas no trabajen de forma adecuada, pero es más sugerente de una contaminación de la materia prima, lo que nos remitiría a eslabones anteriores de la cadena, ya sea a nivel de los productores primarios, ya sea a nivel de los mataderos y salas de despiece, ya sea a nivel de transportistas y distribuidores.
En el primer brote parece que, además, las autoridades sanitarias no reaccionaron con la suficiente rapidez, ya fuera porque tardaron en detectarlo, lo que implicaría que fallaron los mecanismos de declaración y los de análisis de los datos recibidos en los servicios de epidemiología, o bien que no disponían de los medios necesarios para una intervención rápida.
Las investigaciones internas de las autoridades sanitarias andaluzas y las judiciales, quizás acabarán aclarando el exacto origen del problema y delimitando las posibles responsabilidades a todos los niveles, aunque lo dudo. Lo más probable es que se haya producido toda una serie de errores en cadena, con fallos a distintos niveles y lo más fácil es achacar toda la culpa a los productores que, sin duda, se llevarán la mayor parte, si no toda ella.
Ahora parece ser que la Junta de Andalucía ha decidido inspeccionar la totalidad de las industrias cárnicas de la comunidad autónoma, en un intento, supongo, de volver a conseguir la confianza de los consumidores, pero la seguridad alimentaria de la población no puede depender de un control masivo motivado por una alerta o un problema concreto. El establecimiento de una legislación, unos estándares y unos protocolos de buenas prácticas, la exigencia a todos los involucrados de adherirse a ellos, la implementación de programas efectivos de inspección y control, la aplicación de sanciones cuando se detecten irregularidades y la disposición de planes de contingencia para la detección e intervención rápidas cuando aparezca algún caso de toxiinfección alimentaria, son los fundamentos imprescindibles en los que se debe basar la garantía a los ciudadanos de que no serán envenenados o intoxicados por los alimentos que adquieran y consuman.
