Ley de Segunda Oportunidad: un proceso lento por las trabas administrativas

La Ley de la Segunda Oportunidad es una herramienta a disposición de particulares y autónomos que les ayuda a dejar atrás una situación económica complicada. El objetivo de este procedimiento es ayudar a quien se encuentra en una situación de insolvencia o quiebra a superarla, sin que por ello se descuide los derechos de cobro de los acreedores.

Es una medida a la que muchos se ven obligados a acogerse, pero tiene un problema evidente en España: la administración -como Hacienda y la Seguridad Social- no contribuye lo suficiente, según los profesionales en este ámbito. Esto quiere decir que, en las deudas que acumulan los afectados, la parte correspondiente a impuestos y cotizaciones no se exoneran, o se perdonan de manera muy limitada.

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA

La administración juega un papel central en el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad. Para acogerse a ella en España, el deudor debe intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores, lo que puede implicar la intervención de un mediador concursal designado por el notario o por la Cámara de Comercio. Si no se logra un acuerdo, se puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, que es cuando un juez decide liberar al deudor de sus deudas, aunque bajo ciertas condiciones.

El papel de la Hacienda Pública y la Seguridad Social en este proceso es más restrictivo en España. La administración tiene un peso significativo porque ciertas deudas, como los impuestos y cotizaciones sociales, no se condonan de manera automática, lo que limita la efectividad del mecanismo.

La abogada especializada en derecho mercantil y fiscal de Auren Abogados, Catalina Tomás, atiende a mallorcadiario.com y aclara las limitaciones que pone la administración en cuanto a la Ley de Segunda Oportunidad. "Hay una limitación de 10.000 euros en el crédito público. Hasta esa cantidad, la administración contribuye, a partir de ese dinero, son los deudores los que deben hacerse cargo".

Así figura en el artículo 489 de la Ley Concursal, donde se especifican las múltiples restricciones que hay para no exonerar al deudor de la totalidad de impuestos.

El presidente de Pimem, Jordi Mora, ha dado su punto de vista a este digital y ha tenido unas palabras muy críticas al respecto: "En España tenemos la Ley de Segunda Oportunidad. Hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. Cuando una pyme -pequeña y mediana empresa- quiebra, también lo hace su familia, porque arrastra todo su patrimonio familiar. Si con esto, que es lo habitual, no puede pagar el límite de deudas, tiene la opción de ir a una segunda oportunidad. Es una forma de volver a empezar, pero España es uno de los países de la Unión Europea donde no se condonan con la segunda oportunidad las deudas tributarias, ni Hacienda ni Seguridad Social, o con un límite muy bajo. Esto es una gran irresponsabilidad".

EL GRAN PERO: LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS

Los impuestos no se condonan fácilmente en España. Las deudas con la Administración, como las de Hacienda y la Seguridad Social, son consideradas como prioritarias y no son exoneradas en el proceso de la misma manera que las deudas privadas. El deudor sigue obligado a pagarlas, aunque existen ciertas excepciones si el deudor ha mostrado buena fe y ha cumplido con ciertos requisitos, como haber intentado liquidar el máximo posible de su patrimonio.

COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES EUROPEOS

- Francia: El sistema de segunda oportunidad está muy consolidado desde hace años y es más flexible. El proceso es más rápido, y se permite la condonación de una mayor variedad de deudas sin tantas restricciones.

- Alemania: Tiene un sistema más estructurado y con un fuerte enfoque en el pago a los acreedores. Sin embargo, el proceso de liberación de deudas puede tomar hasta seis años, y el deudor debe demostrar un esfuerzo significativo por pagar sus obligaciones.

- Reino Unido: Es uno de los países más flexibles en cuanto a su "bankruptcy" (bancarrota personal). El proceso puede durar solo un año, tras el cual la mayoría de las deudas, excepto aquellas relacionadas con temas como impuestos y pensiones, pueden ser condonadas.

- Países Bajos: Las deudas fiscales pueden incluirse en el procedimiento de saneamiento y, en algunos casos, pueden ser exoneradas. Sin embargo, la exoneración de deudas fiscales depende del análisis del caso y de la conducta del deudor. Si se cumple con los requisitos de buen comportamiento durante este período (típicamente tres años), la mayoría de las deudas, incluidas las fiscales, pueden cancelarse.

En muchos países, como en Reino Unido, Países Bajos o Francia, las deudas con la administración pueden ser condonadas en mayor medida que en España. El proceso en España tiende a ser más lento y burocrático, especialmente debido a las trabas administrativas relacionadas con las deudas fiscales y de la Seguridad Social.