Legalización de viviendas en suelo rústico

El Govern pretende recuperar una de las medidas más polémicas de la ya derogada Llei d’Ordenació i Ús del Sòl (LOUS) del conseller Gabriel Company.

Se trataba de un procedimiento extraordinario y transitorio dirigido a legalizar aquellas viviendas construidas sin licencia en suelo rústico común sobre las que, por el transcurso del plazo de prescripción de 8 años, las administraciones municipales o insulares ya no pudieran adoptar medidas, ni sancionadoras, ni de restablecimiento de la realidad alterada.

Se trata de inmuebles que abundan especialmente en la isla de Mallorca, ocupando parcelas de superficie inferior a 14.000 metros cuadrados. Cuando se promulgó la LOUS (2014), fueron realmente escasos los propietarios que se acogieron a esta posibilidad y que, en consecuencia, iniciaron el procedimiento ante el ayuntamiento respectivo y pagaron la correspondiente tasa -que venía a sustituir a la sanción que no se les pudo imponer por la prescripción- para regularizar su vivienda.

En este momento, y gracias al incremento de actuaciones sancionadoras, probablemente sean muchos más los afectados dispuestos a pagar por legalizar.

El asunto es complejo. Por una parte, es cierto que se provoca que quien se ha saltado la ley pueda acabar gozando de los mismos derechos que quienes hicieron todo conforme a derecho.

Pero lo cierto es que, en las dos últimas legislaturas que gobernaron quienes se oponían a tal medida, las áreas de disciplina urbanística de consells y ayuntamientos no han sido dotadas con los medios adecuados y proporcionales al fenómeno y, en definitiva, lejos de terminar con la lacra del urbanismo ilegal, éste se ha incrementado, solo que ahora ya ni siquiera en forma de pequeñas construcciones, sino de auténticas infraviviendas, muestra palpable del rotundo fracaso de las políticas progres en materia de vivienda y urbanismo.

Quienes ahora se quejan por la recuperación de esta figura son los mismos que en ocho años han sido totalmente incapaces de frenar el deterioro de nuestro suelo rústico y su parcelación ilegal.

Por tanto, con todos sus contras, la medida es completamente lógica. Por una parte, se puede exigir y controlar que las viviendas regularizadas cumplan unos mínimos estándares en materia de edificación. Por otra parte, los ayuntamientos percibirán unos ingresos que tenderán a equiparar las cargas de estos propietarios con aquellos otros ciudadanos que hicieron en su día las cosas bien, habida cuenta que gozan de todos los servicios municipales como cualesquiera otros.

El problema del urbanismo ilegal no se atajará con esta medida, claro, pero, al menos, las administraciones podrán centrarse en un menor número de construcciones, sobre las que todavía es posible actuar legalmente sancionando y demoliendo. Siempre, claro está, que se dediquen a ello los medios técnicos y humanos suficientes.