Las investigaciones se iniciaron cuando un juzgado de Mallorca tuvo sospechas sobre los expedientes matrimoniales que se presentaban en el mismo y solicitó la intervención de la policía a fin de comprobar su veracidad.
Así, y analizada la información que los agentes recabaron, estos pudieron apreciar que en cada pareja que pedía contraer matrimonio uno de los miembros era siempre español y el otro extranjero pero con la particularidad de que en todos los casos carecían de permiso de residencia y trabajo en España.
Otra circunstancia que detectaron los agentes de la UCRIF fue que en todos los matrimonios actuaba siempre como mandatario verbal la misma persona, principal cabecilla de la trama. Esta persona se encargaba también de conectar a españoles con extranjeras para concertar los enlaces y lo hacía a cambio de dinero (a veces, por cantidades superiores a los a los 5000 euros).
Igualmente, el sospechoso también conseguía los necesarios testigos para cada enlace que prestaban falso testimonio en cada unión matrimonial y se encargaba de cumplimentar y presentar toda la documentación en el referido juzgado.
La Policía Nacional también ha informado de que el principal motivo para concertar este tipo de matrimonios radicaba en la falta del permiso de residencia y trabajo de los extranjeros y en su necesidad y “desesperación por regularizar su situación en España”. Así, el detenido aprovechaba para enriquecerse con ello y favorecía, además, la permanencia en territorio nacional de esas personas.
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