“Vuelva usted mañana” es la expresión que, en el imaginario colectivo español, mejor representa la exasperante lentitud y la incompetencia de la burocracia española. Mariano José de Larra escribió un artículo con ese título, en el que describía, en su habitual tono satírico, la lentitud, la ineptitud, la dejadez, la desidia, la desgana, la negligencia, la apatía, la indolencia, la molicie, la desorganización, muchas veces deliberada y, sobre todo, la inercia y la férrea resistencia a cualquier cambio de los distintos estamentos de la administración pública. Aunque solo un ínfimo porcentaje de los españoles haya leído el artículo original, la frase se ha convertido en el eslogan que resume el (mal) funcionamiento de la gestión de la cosa pública. El artículo se publicó en un periódico, El Pobrecito Hablador, en enero de 1833 y casi dos siglos después sigue estando, al menos en parte, plenamente vigente.
Si bien es cierto que la situación actual no es comparable a la de hace 180 años, persisten en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas importantes disfunciones. Algunas se deben a causas similares a las de la época de Larra, otras son propias de nuestro tiempo. Larra achaca los males de la burocracia a la incompetencia y corrupción de los políticos, a la indolencia e inutilidad de los funcionarios y a la resistencia al cambio de todos ellos.
La complejidad de los procesos burocráticos, que hacía que muchas veces fuese difícil o imposible desenvolverse por los vericuetos administrativos sin ayuda de personas especializadas, se ha simplificado en gran medida, pero aun no lo suficiente. Todos los que ya tenemos una cierta edad recordamos las complicaciones de cualquier trámite en los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado: solicitar o renovar el DNI, el permiso de conducir o el pasaporte, solicitar becas universitarias, todo requería de certificados, de penales, de buena conducta, de nacimiento, fe de bautismo, así como papel timbrado del estado, pólizas, etc. Una vez provisto de todo lo necesario y rellenados los formularios pertinentes, se debía acudir a la dependencia correspondiente, ya fuera comisaría de la policía, delegación de tráfico, unidad de pasaportes de la guardia civil, o la que fuera, armado de paciencia, dispuesto a esperar varias horas y, si tenías la mala suerte de haber olvidado algo, o de que la póliza no fuera del valor adecuado, o de que la ventanilla se cerrara antes de llegar tu turno, no tenías más remedio que volver otro día. Muchos de estos trámites ya no son hoy en día tan complicados, pero aun no son todo lo sencillos que deberían ser, o no funcionan todo lo bien que deberían. Estos días he tenido que renovar mi DNI. A través de internet me adjudicaron cita para un día a las dos y cuarto de la tarde. El día acordado acudí a la oficina de la policía de la calle Simó Ballester a las dos en punto y me encontré con que me dieron un número de espera y que tenía nada menos que 24 personas por delante. Al final tuve que esperar hasta las cuatro menos cuarto, incluyendo un cambio de turno del personal y un cambio de número, puesto que el sistema se detiene automáticamente a las dos y media y vuelve a empezar por el número 1 en el turno de tarde. Durante todo este tiempo los funcionarios presentes no dejaron de trabajar ni un minuto, por lo que es obvio que el problema no radica en su dedicación, sino en la insuficiente dotación de personal, dado que había algunas estaciones informáticas de trabajo sin nadie que atendiera en ellas. Resulta frustrante concertar una cita informática y acabar siendo atendido con una hora y media o dos de retraso.
Aunque seguro que debe haber funcionarios inútiles e indolentes, la inmensa mayoría de ellos y el resto de trabajadores públicos de la actualidad son competentes, trabajadores y eficaces en el ejercicio de sus funciones. La mayor parte de los problemas actuales proceden de dos causas principales: la persistencia de demasiados trámites burocráticos para algunas actividades, como para la creación de una empresa, por ejemplo, con legislaciones superpuestas de los distintos niveles administrativos, de un lado y, de otro, la insuficiencia de medios, tanto personales como materiales. Ambas causas son responsabilidad directa de los políticos. Son ellos los que deberían simplificar la burocracia, eliminando la legislación sobrera y unificando los trámites en una sola ventanilla y también son ellos los responsables de la falta de medios, materiales pero, sobre todo, personales, agravada en los últimos años por los recortes presupuestarios.
La reforma de la administración pública española es la eterna asignatura pendiente de nuestro sistema democrático. Todos los partidos políticos hablan de ella, todos los gobiernos cuando empiezan su mandatos manifiestan su intención de presentar una propuesta conducente a la misma, pero al final, como la reforma del Senado, siempre queda pendiente, siempre queda para mañana, para la próxima legislatura.