El Parlament Balear no es sólo de los más caros y menos transparentes de España, sino que Eivissa, Formentera y Menorca están entre las cinco circunscripciones electorales con una mayor ratio de escaños por número de electores de todas las asambleas territoriales. Incluso obviando la proporcionalidad demográfica, hay seis Comunidades que tienen actualmente un órgano legislativo menos numeroso que las Illes Balears.
Sólo por estas premisas convendría revisar el número de aforados que ampara nuestra Cámara, pero no es el número de integrantes el único motivo por lo que debería replantearse el vigente Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral que, en cumplimiento de su artículo 20.3, regula desde 1986 la distribución de escaños. Retribuciones, régimen de incompatibilidades, capacitación, prerrogativas, obligaciones, comunicación y el objeto de su misión pueden y deben analizarse, más allá del actual reglamento que legó el Pacte de Progrés, si la declaración de la COPREPA (Conferencia de Presidentes de los Parlamentos autonómicos de España), suscrita en Palma de Mallorca el pasado mes de enero, queremos que sea algo más que papel mojado.
La iniciativa de Presidencia, en forma de Anteproyecto de Ley, por la que se propone la eliminación de 16 actas y la modificación del sistema retributivo de los diputados, es un paso en la dirección correcta, pero cuyas limitaciones y la conocida respuesta de la oposición la convierten en un brindis al sol, que sólo servirá para que el partido que apoya al Govern responda contundentemente a la bancada opuesta, cada vez que critiquen las repercusiones de las medidas de austeridad impuestas. Con la experiencia vivida en Castilla La Mancha, Rioja y Comunidad Valenciana, es previsible que los socialistas no secundarán la iniciativa y, en nuestro caso, siquiera se alcanzará la mayoría reforzada precisa para alterar el actual statu quo. No obstante, para modificar reglamentaria el sistema salarial de nuestros representantes, bastaría el apoyo del partido mayoritario y, por tanto, no precisa aguardar siquiera a la siguiente legislatura. Actualmente, además de los cinco presidentes de otras instituciones, sólo cuatro diputados cobran dietas, porque reconocen otras fuentes de ingresos. Los demás, que aseguran dedicación plena, perciben entre 57.406€ y 79.833€, en función de su responsabilidad parlamentaria, además de otros contraprestaciones específicas.
En medio del debate y la siempre odiosa comparación con la situación en la que sobrevive la mayoría de los electores, se alzan voces apocalípticas advirtiendo de que, tras esta oferta, se esconde la involución democrática y la vuelta al centralismo, que siempre es el artífice de todo lo que nos amenaza. No es menos cierto que la reducción de escaños y la nueva ponderación de Eivissa (equiparada a Menorca), en unos resultados electorales tan ajustados como los de 2007, esta nueva fórmula hubiese perjudicado a PSM-VERDS y beneficiado al Partido Popular, que hubiese podido mantener el Govern, a pesar de tener 10.697 votos menos que el conjunto de sus oponentes, pero no habría supuesto cambio alguno en los comicios de 2011. La Ley D’Hont, en la que se basa nuestra LOREG, tiende a evitar la dispersión, pero es menos gravosa para la ecuanimidad representativa que la ‘sobreponderación’ por circunscripción. Con todo, no hay un sistema infalible y más aún cuando nuestro Parlament tiene la barrera de entrada más baja de toda España y el coste electoral por escaño más dispar entre las 17 comunidades autónomas, ya que Canarias establece un doble listón: por circunscripción y por el conjunto de ambas provincias.
Reducir el Parlamento no es tan prioritario como evitar duplicidades y otras ineficiencias más gravosas para el gasto público, pero no puede quedar blindado al análisis profundo de su actividad y composición. Si la democracia no peligra en Francia porque no existan asambleas legislativas regionales, no se estremece nuestro sistema de convivencia porque tratemos de mejorar colectivamente el modo de articular nuestro Parlamento, para que siga siendo el origen del resto de las instituciones de autogobierno y el depositario de la voluntad popular, pero capaz de mantener la confianza de la ciudadanía en lo concerniente a la credibilidad y el compromiso con la sociedad que deben asumir los representantes políticos.
