La UE mejora la protección a quienes compran una casa con una hipoteca

La eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha expresado su confianza en que los derechos de los europeos que compran una vivienda y suscriben para ello una hipoteca estarán más protegidos con la nueva directiva que ayer aprobó el Parlamento Europeo, que pretende que los consumidores estén mejor asesorados y tengan más garantías en caso de impago.

“Esta nueva directiva busca facilitar los préstamos transfronterizos, proteger a los consumidores y evitar la concesión irresponsable de hipotecas”, destaca Rosa Estaràs, que considera que era imprescindible que la Unión Europea aplicara nuevas normas ante la dramática situación que están viviendo miles de familias en muchos países y, concretamente, en España, como consecuencia de una regulación deficiente de todos los aspectos que rodean a los préstamos hipotecarios.

La nueva directiva se aplicará a los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable utilizada en un Estado miembro, así como a los contratos cuya  finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre fincas o edificios. Las nuevas reglas se adaptarán a los distintos mercados hipotecarios de los Estados miembros, aunque la información al consumidor tendrá que presentarse en un formato homogéneo en toda la UE.

De acuerdo con el texto final aprobado, el consumidor dispondrá de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato hipotecario, o bien del mismo periodo de siete días para retractarse tras la firma, según lo decida cada país.

Antes de firmar cualquier contrato, el consumidor tendrá que recibir, en papel o en formato electrónico, información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito para conocer el coste total y las consecuencias financieras a largo plazo. Igualmente, los bancos o intermediarios tendrán que ofrecer al consumidor información personalizada para comparar los créditos disponibles en el mercado y puedan así tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de suscribir la hipoteca.

Además, la ley exigirá una tolerancia razonable antes de proceder a las ejecuciones, limitará los cargos por impago, impedirá a los Estados miembros oponerse a la dación en pago  acordada entre las partes, impondrá el deber de buscar el mejor precio por la venta de la propiedad en las ejecuciones y exigirá a los países de la UE que faciliten el pago, protegiendo a los consumidores y evitando el sobreendeudamiento a largo plazo.

La propuesta incluye una prohibición de la publicidad engañosa, información más clara para los consumidores acerca de las condiciones y los riesgos y el derecho de los prestatarios al reembolso anticipado del préstamo. Los consumidores tendrían que facilitar información completa sobre su situación financiera, y los prestamistas tendrían que denegar el crédito a aquellos prestatarios que no se consideren solventes.

También se autorizará a la Autoridad Bancaria Europea para que en determinados casos pueda pedir información a los Estados miembros sobre cómo están transponiendo la legislación europea que afecta a los servicios financieros. Esta medida se aplicará a la directiva sobre hipotecas, entre otras legislaciones.