El presidente del Govern José Ramón Bauzá es un hombre con suerte. En 2012 el entonces vicepresidente económico del Govern, Josep Ignaci Aguiló, anunció la creación de cuatro nuevos impuestos (agua, grandes superficies, envases y coches de alquiler). Se hizo en el marco del Proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Hacienda Pública, para intentar equilibrar el presupuesto autonómico y con una previsión de ingresos con el impuesto de grandes superficies de 8,5 millones de euros al año.
Las patronales de empresarios se mostraron soliviantados y se opusieron con todas sus fuerzas a los nuevos tributos. Grandes superficies, bodegueros, distribución, Cámara de Comercio, salas de fiesta, hoteleros, restauración, entre otros colectivos, presionaron duramente al Govern y lograron que el Govern reculase en su decisión y retirase el Proyecto de Ley cuando este ya había iniciado su tramitación parlamentaria. Algunos empresarios de rent a car llegaron a cambiar la sede fiscal de sus empresas para eludir el hipotético pago del impuesto, en caso de que acabase siendo aprobado.
Pues bien, la Comisión Europea abrió una investigación sobre el impuesto a grandes superficies que aplican seis gobiernos autonómicos (Cataluña, Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias). Dicha investigación ha concluido declarando la ilegalidad de este tributo que es considerado como ayudas de estado incompatibles con la normativa europea ya que penaliza a unos formatos comerciales frente a otros.
El Govern se ha librado. Bauzá hizo bien reculando en la imposición de estos nuevos impuestos "medioambientales", tan contestados por sectores empresariales teóricamente afines al Partido Popular. Además de suponerle un gran desgaste político, alguno de ellos hubiera acabado siendo declarado ilegal, por lo que hubiera habido que devolver lo recaudado. Todo un desaguisado que Bauzá se ha ahorrado gracias a su buena suerte.
