La sentencia

Resulta casi imposible escribir de cualquier otra cosa que no sea de la sentencia contra los ciudadanos catalanes emitida por el Tribunal Supremo. Tras su irregular y un tanto delirante puesta en conocimiento de los medios de comunicación a primera hora de la mañana de ayer, en forma de un resumen de una quincena de páginas suministrado apresuradamente a los periodistas, antes de haber puesto en conocimiento de la misma a los propios encausados y a sus abogados defensores, se desató la tormenta informativa en todos los medios, televisiones, radios, medios escritos digitales y redes sociales.

Hemos podido escuchar todo tipo de opiniones y valoraciones, la mayoría de ellas mediatizadas por la prevención de la falta de un conocimiento en profundidad de la sentencia, sobre todo las de los especialistas en derecho, y, como era de esperar, la variedad es muy amplia y la disparidad es a menudo radical.

Yo no tengo conocimientos de derecho y, por tanto, no puedo opinar de los aspectos jurídicos de la sentencia, pero sí puedo decir lo que siento como ciudadano, cómo me ha impactado como persona lo importante, lo sustancial, de la misma, que para mí son los delitos por los que los encausados han sido condenados y las penas que se les han aplicado, dejando de lado las consideraciones jurídicas, muchas de ellas incomprensibles para mí, y no tanto porque no sea capaz de aprehender su significado, sino porque el mecanismo deductivo que las determina me resulta ajeno, extraño a mi formación intelectual científica basada en la observación empírica y el análisis de los datos objetivos obtenidos.

Lo primero que llama la atención son las indecentes filtraciones de los días previos, que suponen una burla para los encausados y un atentado contra sus derechos fundamentales, amén de una ilegalidad manifiesta, ya que cualquier sentencia se ha de comunicar en primer lugar al interesado. Si las filtraciones han procedido de funcionarios públicos, constituyen un delito grave de revelación. Cabe preguntarse ¿a qué esperan los magistrados y la fiscalía, que se llenan la boca cada día de la necesidad ineludible de respetar la ley y de perseguir los delitos, para iniciar una investigación seria conducente a descubrir el origen de estas filtraciones?

La sentencia también parece retorcer los argumentos para encajar los hechos en el delito de sedición, incluso con argumentos como el de que los ”desórdenes tumultuarios”, necesarios para el delito de sedición, no son atribuibles a las acciones individuales de cada uno de los ciudadanos el uno de octubre de 2017, sino al hecho de que eran muchos en muchas zonas del territorio. Esto es, todas y cada una de las acciones de los grupos de ciudadanos que se opusieron a la acción de las fuerzas policiales españolas en los colegios de votación y que fueron por ello apaleados sin piedad, individualmente por sí mismas no constituían delito de sedición, pero al ser muchos desórdenes el mismo día, sí hay delito de sedición.

Esto establece un claro límite arbitrario a la libertad de manifestación y es una nueva demostración de como los derechos básicos de los ciudadanos españoles vienen siendo restringidos por vía judicial, mediante sentencias del Tribunal Supremo o, en menor grado, del Tribunal Constitucional.

La sentencia, al condenar a Carme Forcadell, establece también un peligroso precedente contra la libertad de debate de los parlamentos democráticamente elegidos y legítimamente constituidos y contra la inviolabilidad de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. Un atentado contra la soberanía de los parlamentos, que emana de la soberanía de los ciudadanos y, por tanto, también contra ella. Y como corolario, un atentado contra libertad ideológica.

Parece que se han forzado hasta la náusea todas las argumentaciones posibles e imposibles, para poder justificar sedición y malversación, esto último no parece que se haya demostrado en absoluto, pero se ha considerado imprescindible “per se” para cometer la sedición, y así condenar a penas de cárcel elevadísimas a los acusados. Como se ha dicho en muchos ámbitos jurídicos, y no solo catalanes sino de muchos otros ámbitos geográficos españoles e internacionales, se ha buscado no justicia sino castigo, ejemplaridad y venganza. Una auténtica justicia contra el enemigo.