Arranca una semana clave para la conformación de las mayorías que deberán gobernar las instituciones los próximos cuatro años. Los ayuntamientos se constituyen el próximo sábado, con la particularidad de que allí donde no haya un pacto gobernará automáticamente la lista más votada. En los grandes municipios, sin embargo, esta posibilidad debería descartarse de forma que se puedan conformar mayorías sólidas que eviten sobresaltos durante el mandato municipal. Igual que debe ocurrir con el Govern de la comunidad.
La negociación al Govern no está marcada por la fecha del próximo sábado, pero todo lo que ocurra en los próximos cinco días para determinar el conjunto de las administraciones tendrá una influencia en lo que se negocie para amarrar la mayoría parlamentaria que sustente el futuro ejecutivo de Francina Armengol. Podrían quedar flecos, pero el grueso de la negociación tiene que quedar cerrado estos días, de forma que se garantice una legislatura estable que permita avanzar en las soluciones que requiere la comunidad.
El tira y afloja al que hemos asistido la semana pasada, especialmente ante las demandas de Més per Mallorca -su formación hermana de Menorca ya ha anunciado que quedará fuera del Govern, aunque apoyará la investidura de Armengol-, debe dar paso a un acuerdo sólido donde cada formación asuma el peso que las urnas le han dado.
Parece lógico pensar que, con los resultados de Més y Podem -que sufrieron un notable retroceso el 26M- sea el PSOE quien ocupe las presidencias de las principales instituciones, incluida la del Parlament, así como la designación del senador autonómico que le corresponde como fuerza más votada -el segundo es para el PP-. Poco pueden exigir los socios para hacerse con estos cargos.
El PSOE parte con mucha ventaja en esta negociación. Por una parte, por su trayectoria dispone de una gran experiencia en negociaciones de este tipo -ya obtuvo grandes beneficios en 2015 cuando se encontraba en una situación muy inferior a la actual-; por otro lado, la diferencia entre su representación y la de sus socios le confiere una gran autoridad a la hora de pactar.
Sólo deben caber cesiones más allá de lo razonable si de esta forma los de Armengol se aseguran una legislatura estable. Los cuatro próximos años no deberían verse alterados por luchas de poder entre socios. Un acuerdo en falso ahora podría poner en riesgo la marcha de la comunidad y la posibilidad de dar respuestas a los retos que plantea el momento económico, el frenazo a la llegada de turistas o la consecución de una justa financiación, entre otras cuestiones de máxima urgencia social y económica.