La siniestralidad laboral está de récord. De récord nacional. De hecho, el ranking nacional de accidentes vinculados al trabajo está encabezado por Baleares y los resultados de las campañas de inspección no vienen a paliar el importante déficit de revención que arrastramos. Las inspecciones son necesarias, sin embargo, no son un instrumento adecuado ni eficiente para disminuir los accidentes. La respuesta hay que buscarla en la formación y en la prevención.
La friolera de 20.000 accidentes laborales son poca broma. El esfuerzo y los recursos necesarios para evitar que una actividad laboral acabe con víctimas son importantes y nos tiene que preocupar.
Mientras los accidentes laborales aumentan, el desarrollo del Instituto para la Seguridad y Salud Laboral sigue empantanado. El impulso político es deficitario y se nota por la débil apuesta económica en la Ley de presupuestos de 2018.
De esta guisa poco vamos a hacer para mejorar la identificación y la gestión de las enfermedades profesionales y reducir los accidentes. Quien iba a pensar que los Acords para el Canvi acabarían aumentando las ratios de siniestralidad laboral. Está claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. Sin ninguna duda.