La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, parece dispuesta a dar pasos para, en un plazo de dos años, reducir la jornada laboral en el sector privado hasta un máximo de 37,5 horas semanales, sin merma de las retribuciones. Recordemos que esta controvertida medida fue incluida en el acuerdo entre el PSOE y Sumar para formar un gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.
Según un informe de Exceltur, esta medida tendría un coste adicional de 2.348 millones de euros al año para las empresas turísticas. ¿Por qué? Porque necesitarían “suplir las horas reducidas” en posiciones donde no es posible hacer un uso más eficiente del tiempo. Aunque la patronal sugiere que las empresas podrían encontrar trabajadores formados para complementar las horas reducidas, esto es difícil de asegurar, especialmente considerando que la mayoría de las empresas turísticas son micro pymes con menos de 10 trabajadores. El impacto económico se concentraría en sectores como la restauración, el transporte y el alojamiento, con reducciones significativas en los beneficios empresariales estimadas en el 8,1 por ciento y en la competitividad.
Aunque la flexibilidad laboral es deseable, este impacto negativo desaconseja la implementación de la reducción de la jornada laboral. Es importante valorar medidas alternativas que favorezcan la productividad y las condiciones laborales sin afectar negativamente a las empresas, aumentando enormemente los costes en márgenes que muchas de ellas no podrán soportar.
Cuestión aparte será que la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno, vaya a respaldar un cambio tan relevante. Hasta ahora, el Congreso se ha mostrado muy inoperante, hasta el punto de que el presidente Sánchez rechazó presentar unos presupuestos generales para este año, prorrogando los de 2023. Así pues, surgen dudas razonables de que formaciones como el PNV o Junts vayan a votar a favor de la reducción de jornada, sin cuyo apoyo la medida no saldría adelante.