"La política de Antich acumula más de 400 millones en sentencias"

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) certificó este pasado miércoles que el Govern de les Illes Balears deberá pagar 96 millones de euros a una empresa de Matthias Kühn por otra desclasificación de suelo durante la presidencia del socialista Francesc Antich.

Después de enterarse de la sentencia, el conseller de Economia, Hisenda i Innovació, el popular Antoni Costa, aseguró a mallorcadiario.com que "era de esperar. Este tipo de políticas (en alusión a la época de Antich) tan solo conllevan indemnizaciones económicas que luego tenemos que pagar todos".

El fallo, con fecha 27 de febrero de 2024, rechaza el recurso de casación y confirma el auto del TSJIB que condena a la CAIB al pago de 63.533.374,48 euros, más los intereses de esta cantidad devengados desde el 18 de mayo de 2009, fecha de la primera reclamación, que ascenderían a unos 32,5 millones de euros adicionales. Es decir, más de 96 millones de euros.

MÁS DE 400 MILLONES EN SENTENCIAS

El conseller Costa recordó que la ley de 2008 que desclasificaba suelos urbanizables para protegerlos "acumula más de 400 millones en sentencias que salen de los bolsillos de los baleares".

Además, subraya que fueron "decisiones nefastas propias de políticos irresponsables". Y es que, esta sentencia no es un hecho aislado. En años anteriores, diversas instancias judiciales que han fallado en contra de la administración autónomica por desclasificaciones de suelo durante la presidencia del socialista Francesc Antich.

SENTENCIA

La Sentencia por la que el Govern deberá pagar casi 100 millones de euros al empresario alemás repasa la tramitación judicial de este conflicto, que se inició en 2010, cuando gobernaba el socialista Francesc Antich, y finaliza ahora, 14 años después.

El Tribunal Supremo recuerda que el procedimiento de 2010 finalizó mediante un auto de 23 de julio de 2013, aprobando un acuerdo transaccional que reconoció el carácter urbano de estos terrenos.

La posterior aprobación de la Ley 12/2017, de urbanismo de Baleares, durante la etapa del Govern de Francina Armengol, reclasificó de nuevo como suelo rústico protegido (ANEI) estos terrenos e imposibilitó que Muleta se reincorporase como suelo urbano al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller, originando la actual petición indemnizatoria.

La sentencia dictada funda su razonamiento en esta imposibilidad de reincorporación de Muleta como suelo urbano al PGOU de Sóller, confirmando que era procedente el pago de la indemnización al hacer imposible el desarrollo de este suelo, que había sido antes reconocido como urbano en el auto transaccional de 23 de julio de 2013.

El Tribunal Supremo obliga ahora a pagar la indemnización en el plazo de dos meses, imponiendo además las costas del incidente a la Comunidad, importes todos ellos que deberá afrontar el actual Govern.

En la sentencia a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com, se establece "no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears contra el auto de 31 de enero de 2022, confirmado en reposición por otro de 4 de marzo siguiente, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, estimatorio de incidente de imposibilidad legal de ejecución de auto que homologa acuerdo transaccional suscrito entre el Gobierno de Illes Balears y Birdie Son Vida, S.L. en el procedimiento ordinario n.o 440/2022".