La ordenanza de Transparencia de Palma no puede ser sólo propaganda

El próximo pleno del Ayuntamiento de Palma tiene previsto aprobar una nueva Ordenanza de Transparencia. Se trata de un instrumento que permitirá a los ciudadanos conocer con mayor facilidad datos sobre la actividad económica de lás diferentes áreas del consistorio, las empresas municipales o de cualquier sociedad o particular que contrate con Cort. Es una traslación de la ley de ámbito nacional en vigor desde 2013 en materia de transparencia, acceso a la información pública y de lo que habitualmente se denomina "buen gobierno".

Con esta iniciativa, el alcalde Noguera quiere establecer un canal de comunicación con los ciudadanos capaz de acercar la administración municipal a los palmesanos, lo que es de agradecer. Para ello, la norma deberá convertir en accesibles datos que, en muchas ocasiones, se pierden en una maraña administrativa o, simplemente, no están a disposición de los ciudadanos. Publicidad de convenios, contratos, subvenciones, presupuestos, balances, declaraciones de bienes e ingresos de los regidores... Datos sobre los que los habitantes de Palma tienen todo el derecho a conocer su alcance y magnitud.

La exigencia ciudadana sobre los servicios y la actuación de las administraciones es cada vez mayor. Por ello es necesario que normas como la que impantará Palma hagan posible un acceso rápido y fiable a todo lo que demanden los ciudadanos. El control sobre la administración, en este caso la municipal, debe ser constante. Ya no basta con votar cada cuatro años, ni con celebrar consultas como la de los prespuestos participativos, en la que unos pocos ciudadanos deciden el destino de una serie de inversiones, no exentas de polémicas ni sospechas de favoritismo.

La nueva ordenanza no puede ser sólo una acción de propaganda. Con ella, el ayuntamiento de la octava ciudad de España tiene el reto y la oportunidad de acercarse un poco más a sus habitantes, poniendo en marcha auténticos mecanismos de democratización de sus actividades. Una acción que debería traducirse en una mayor confianza en los gobernantes municipales, pudiendo actuar rápidamente ante actuaciones erráticas o permitiendo apartar del gobierno de la ciudad a aquellos que no sean capaces de demostrar una solvencia suficiente.