En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Pilar Costa ha explicado que esta oficina se pondrá en marcha "a partir de febrero de 2020", dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este sábado. Según ha dicho, se llevará a cabo con recursos propios de la Conselleria de Educación y Universidad y en ella trabajarán tres funcionarios.
En concreto, esta oficina estará adscrita en la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación a través de la Dirección General de Política Lingüística.
Además de actuar en el ámbito de la Administración autonómica, que le es propio, la oficina puede intervenir por las actuaciones de otras administraciones públicas con sede en Baleares o por las de sujetos privados que vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas. En este caso, la función de la Oficina es interceder entre la persona que presenta la reclamación o la sugerencia y la parte que haya originado los hechos.
Los derechos lingüísticos a que hace referencia este decreto son los que amparan y protegen el uso de las lenguas oficiales reconocidas por el Estatut d'Autonomia.
FUNCIONES DE LA OFICINA
Algunas de las funciones de la oficina serán recoger y tramitar reclamaciones sobre vulneración de derechos lingüísticos, atender las consultas que se formulen en este ámbito, difundir información, colaborar con los órganos o entes dependientes de la Administración de la Comunidad que hayan sido objeto de reclamaciones, proponer medidas normativas u ofrecer recursos y asesoramiento a entidades públicas y privadas.
Además, Costa ha explicado que la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos puede actuar de oficio o a solicitud de cualquier persona física o jurídica.