La oferta ilegal, primero

La presidenta Marga Prohens aclaró ayer en el Parlament que la sostenibilidad y la lucha contra la saturación turística no debe implicar el decrecimiento económico.

Mientras la izquierda -que nada significativo ha hecho en ocho años para evitar el hacinamiento turístico- se llena la boca de consignas sobre el decrecimiento -sin aclarar jamás en qué diablos consiste- y otras quimeras de una Mallorca idílica que jamás existió, el Partido Popular plantea por vez primera un debate serio acerca de qué modelo turístico queremos para el futuro.

Más allá de poner límites al incremento de viajeros que llegan por Son Sant Joan -algo que no parece cuadrar mucho con la codiciosa estrategia de AENA de seguir exprimiendo la siempre fecunda teta mallorquina-, o de reducir plazas en establecimientos de menor calidad o de turismo vandálico, lo cierto es que lo razonable sería comenzar por lo más obvio: acabar con la oferta ilegal.

En Mallorca se calcula que hay unas 30.000 plazas ilegales, la mayor parte de las cuales corresponden a alquiler de viviendas. Solo eliminando ese foco de competencia desleal con la oferta turística regular ya se notaría un significativo efecto sobre la congestión que vivimos. Porque acabar con 30.000 plazas turísticas rotando a lo largo de una temporada cada vez más larga puede suponer, al final, la eliminación de, como poco, seis millones de pernoctaciones, y cerca de un millón de viajeros, además de disminuir los vehículos que colapsan nuestra red viaria y conseguir que los mallorquines volvamos a poder acudir a un restaurante sin necesidad de hacer las reservas con una semana de antelación.

De modo que, antes de poner límites o reducir las plazas legales, lo que hay que dotar es a la inspección de Turismo de medios y personal para que, en Mallorca, deje de ser rentable comercializar alojamientos clandestinos.