La proliferación de viviendas ocupadas ilegalmente atemoriza a los propietarios

La ocupación ilegítima de viviendas vacías es una opción que prolifera y que está causando alarma social debido a la indefensión que provoca en los propietarios de las propiedades usurpadas. El procedimiento para recuperar la vivienda no es fácil ni rápido. Ni tampoco barato, pues supone acudir a los tribunales de la jurisdicción civil.

MOVIMIENTO OKUPA

Hasta ahora tales hechos eran poco comunes y usualmente vinculados a la okupación, con ka, de locales o edificios, normalmente propiedad de empresas, claramente en desuso. Los okupas, muy frecuentemente de ideología anarquista, entraban en el edificio y a través de una gestión comunal, le daban uso social. Es cierto que algunos establecían allí su residencia, pero en todo caso llevaban a cabo actividades abiertas a todo el mundo, especialmente a la juventud del barrio. Talleres, conferencias, actividades plásticas, eran comunes en los locales okupados. Y en caso de desalojo judicial, muy raramente se han producido incidentes, aunque en otros lugares del territorio nacional como Catalunya, es habitual que haya disturbios. El más reciente caso de esta naturaleza en Palma fue el desalojo de Ca ses Mopis, una antigua sucursal de Sa Nostra en el Parc de ses Estacions de Palma que se desarrolló sin ningún tipo de incidencia.

Sin embargo, lo que está sucediendo en la actualidad nada tiene que ver con aquel movimiento social, más comúnmente urbano, que en casi ningún caso suponía un perjuicio real importante para personas físicas y mucho menos trabajadores. Nunca se trató de entrar en una propiedad de otra persona para vivir en ella, sino que siempre fue mucho más allá.

Ahora mismo, la entrada y ocupación de viviendas particulares es lo que prolifera sin control. En unos casos son pisos con moradores habituales, nada de segundas viviendas. En otros casos son segundas viviendas. Y también viviendas temporalmente deshabitadas, como ha sido el caso de unos inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Eivissa, ubicados en la calle Santa Creu del barrio de Dalt Vila, destinados a usuarios de servicios sociales para casos de emergencia social. El consistorio no ha visto más salida que recurrir a la vía penal para lograr el desahucio de los intrusos lo más rápido posible.

RESPUESTA LEGAL

Y es que, en efecto, lograr echar a los usurpadores, no es sencillo y puede llegar a tardar varios meses, pues suelen alegar algún tipo de derecho sobre la vivienda, como por ejemplo la existencia de un contrato de alquiler verbal y el supuesto pago de una fianza y de un alquiler. Si a eso se suma la presencia en la vivienda de menores o mayores dependientes, la complicación se dispara.

El Código Penal tipifica la ocupación de inmuebles con violencia o sin autorización como delito de usurpación, aunque requiere entre otras cosas que no constituya morada de otra persona, que conste la voluntad del titular de no tolerar la ocupación. Si no concurren las características determinadas en el Código Penal, la vía procedente es la civil, mucho más lenta y costosa.

Como norma general, si alguien entra en una vivienda y permanece en ella 48 horas, se requiere una orden judicial para proceder al desahucio, orden que puede demorarse meses. De otro modo, el propietario se expone a acabar detenido y procesado. Fue el caso de Inmaculada Efna, una mujer madre de 4 hijos, cuya humilde vivienda en el barrio de Son Gotleu de Palma, fue ocupado por unos sujetos que dieron una patada a la puerta y colocaron un candado. Cuando la mujer, indignada, intentó entrar en su casa, apareció la Policía y acabó detenida.

REACCIONES POLÍTICAS

Tras este caso, ampliamente difundido en los medios de comunicación, el portavoz de Proposta per les Illes – El Pi en el Parlament, Jaume Font, interpeló a la presidenta del Govern y le pidió que instase una modificación del Código Penal. Francina Armengol explicó que se trata de una competencia de la Delegación del Gobierno.

TEMOR

Muchos propietarios de viviendas temen que sus bienes inmuebles sean ocupados. Para evitarlo, muchos contratan los servicios de una empresa de seguridad privada o alarmas. Y en todo caso, vigilar las propiedades vacías para evitar que los ocupas las invadan. Pero nadie está a salvo y menos en la coyuntura actual de falta de vivienda disponible.