La lucha contra el alquiler turístico ilegal debe ser una prioridad en Baleares

La lucha contra el alquiler turístico ilegal en Baleares debe ser una absoluta prioridad por parte de las autoridades competentes en la materia, pues es preciso poner fin a una práctica que socava los principios fundamentales del turismo sostenible y de calidad en nuestra Comunidad Autónoma.

No hacerlo es contribuir a la proliferación de alojamientos no regulados, algo que no sólo representa una competencia desleal para los negocios legales, sino que también plantea riesgos para la seguridad y el bienestar de los visitantes. Además de contribuir al menoscabo del mercado del alquiler de vivienda residencial, que agudiza la crisis habitacional que tan gravemente afecta a Baleares.

Es esencial reconocer que el turismo es un pilar económico vital para Baleares, pero debe desarrollarse de manera responsable y equitativa. La economía no puede prosperar a expensas de la calidad de vida de los residentes locales ni de la integridad del entorno natural que atrae a los visitantes en primer lugar. Por lo tanto, es imperativo que se imponga una política de tolerancia cero hacia el alquiler turístico ilegal.

Este tipo de alojamiento clandestino no solo elude los impuestos y regulaciones, sino que también contribuye a la gentrificación y al aumento de los precios de la vivienda. Además, los propietarios que operan fuera de la ley no están sujetos a los estándares de seguridad y calidad que se aplican a los establecimientos turísticos regulados, lo que pone en riesgo la experiencia de los visitantes y la reputación del sector como destino turístico de primera clase.

La acción enérgica de las autoridades para combatir el alquiler turístico ilegal envía un mensaje claro a aquellos que intentan aprovecharse del sistema: no se tolerará el incumplimiento de la normativa. Sin embargo, esta lucha no puede librase únicamente desde una perspectiva punitiva. Es fundamental implementar medidas para poner fin a la comercialización de aquellas viviendas que no tengan licencia.

Para lograr esto, es necesario fortalecer la cooperación entre el gobierno, las plataformas de alquiler y los ciudadanos. Se deben establecer mecanismos eficaces de denuncias y aplicar sanciones más severas a aquellos que continúen infringiendo la ley, sin descartar el precinto de los inmuebles para evitar que continúen con la actividad ilícita.

En última instancia, la guerra contra el alquiler turístico ilegal no se trata simplemente de proteger los intereses económicos de unos pocos, sino de preservar la integridad y la autenticidad de Baleares como destino turístico. Es hora de tomar medidas decisivas para asegurar que el turismo beneficie a todos de manera justa y sostenible.