La Llei d'Educació y su futuro

Cuando, a comienzos de la pasada legislatura, se hizo público que más de cuarenta entidades del ámbito educativo balear, de diverso origen y absoluta pluralidad social e ideológica, habían conseguido, en el seno de la plataforma Illes per un Pacte Educatiu (IxP), llegar a un gran acuerdo sobre aspectos fundamentales para nuestro sistema, los grupos políticos -con la consabida excepción de los extremos- se aprestaron a mostrar su interés y hasta a suscribirlos públicamente. Por una vez, la sociedad civil tomaba la delantera a los partidos y les obligaba a pronunciarse.

Después de la nefasta experiencia vivida durante la legislatura de José Ramón Bauzá, la noticia constituía un alivio para docentes y familias, y rebajaba una tensión que jamás debió haber soportado nuestra escuela.

El Govern fue el primero en hacerse la foto, y asumió el documento, tanto el surgido de IxP, como el posteriormente ‘mejorado’ mediante el debate habido en el seno del Consell Escolar de les Illes Balears, donde resultó masivamente aprobado. Se separaron de la senda del acuerdo, sin embargo, el sindicato STEI y algún otro grupúsculo de menor representatividad.

La lengua, cómo no, era el principal objeto de discordancia, además de su reticencia a la profesionalización de la dirección de los centros públicos. Al STEI, cualquier cosa que no fuera blindar porcentualmente la lengua catalana en la escuela y convertirla en la única vehicular -con arrinconamiento del castellano y lenguas extranjeras- le parecía inadmisible.

Y los sindicatos de la pública, en general, prefieren ver al frente de los centros a alguien elegido por ellos, aunque carente de la preparación necesaria, antes que a un profesional de la dirección que no esté sujeto a sus consignas. Lo llaman designación “democrática” del director. Para que me entiendan, es como si los operarios de la SEAT eligieran entre ellos al director general, aunque éste supiera únicamente de mecánica o de chapa y pintura.

Tampoco quieren oír hablar de proyectos educativos singulares, ni de que los centros puedan escoger a los docentes con un perfil determinado para encajarlos en dichos proyectos. De eso nada, el instituto o el colegio ha de chuparse al que le toque por baremo, aunque no nos sirva para lo que pretendemos.

Luego, les extraña que la ciudadanía opte por la concertada, en la que, gracias a la libertad de enseñanza y una verdadera autonomía, los colegios elaboran sus proyectos educativos y contratan a los más capaces para llevarlos a cabo y, por supuesto, la dirección está en manos de profesionales, rasgos que el acuerdo pretendía extender, en buena lógica, a la enseñanza pública.

El Pacte Educatiu no solo fue asumido por PSIB y Més per Mallorca, sino también por otras fuerzas parlamentarias, que se comprometieron a aplicarlo. Era tal la tentación política de apropiarse de ese éxito, que el Govern le otorgó el Premi Ramon Llull en 2017. Hasta entonces, solo albricias y celebraciones.

Luego, llegó la triste realidad parlamentaria y el esperpento del pase del Pacte por la cámara, pésimamente dirigido. Tras desfilar en comisión multitud de personas expertas y no tan expertas, la ponente, del PI, dio a conocer las conclusiones: ni un solo acuerdo entre las fuerzas políticas, ni siquiera entre aquellas que habían manifestado su ardorosa adhesión al acuerdo social. El texto aprobado era para echarse a llorar…, o a vomitar.

La primera discordancia notable fue la de Més, cantada, por lo demás. El STEI -sindicato soberanista- presionó a la dirigencia mesera y, allí donde el Pacte Educatiu apostaba decididamente por incrementar la autonomía de cada centro para elaborar su propio proyecto lingüístico y adaptarlo a su alumnado, Més pretendía volver a 1997 -hace 24 años- e imponer un sistema porcentual de ‘blindaje’. Lo que no se consigue en la sociedad por la vía de la persuasión, debe imponerse en la escuela, aunque no sea necesario. Esa es la tesis.

En la presente legislatura, el conseller Martí March asumió el compromiso de elaborar, a partir del Pacte, un texto legal, la Llei d’Educació de les Illes Balears, o LEIB.

El texto se aprobó en el Consell de Govern extraordinario del miércoles, con recepción a la comisión permanente del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) -a la que pude asistir en mi condición de miembro de la misma-, y posterior rueda de prensa.

La presidenta anunció que la ley nace del Pacte Educatiu y que no es una norma del Govern, sino de todo el sector, que ha participado en su elaboración.

Sin embargo esta afirmación es, sencillamente, gratuita. El CEIB se vio obligado a debatir el anteproyecto -notablemente empeorado con relación a anteriores borradores, al añadirse las imposiciones de los socios del tripartito, Més y Podemos- a uña de caballo, sin el más mínimo debate, aprobando enmiendas contradictorias entre sí mediante un procedimiento acelerado y absolutamente inútil, pese a la buena voluntad de muchas organizaciones. El resultado fue un informe del CEIB parcial, con apoyo muy justito, y que no hace justicia a la importancia del evento.

También afirma el Govern que ha dialogado con los agentes del sector. Si dialogar es escuchar lo que el ejecutivo ha decidido, efectivamente, ha dialogado. Pero, de lo que se dice negociar, nada de nada. El texto surgido del Govern es un texto del Govern, y punto.

Ello no quiere decir que no haya tiempo para corregir este grave defecto, pero la fase preparlamentaria ha resultado ser un fracaso absoluto desde este punto de vista.

La LEIB es, además, y por más que desde la Conselleria se repita como un mantra lo contrario, una ley de la enseñanza pública, en la que la concertada aparece como un accidente temporal y residual, excluida de facto de la educación 0-3 y de la formación profesional que tanto dicen querer impulsar y para la que se prevé copiosa financiación europea.

Y, además, no se concreta ninguna solución para el enorme déficit que padecen estos centros, que atienden a un 35% de la población escolar de las islas y poseen gran tradición y arraigo social. Desde 2008 no se actualiza el importe de la partida destinada a la financiación de los gastos de los colegios. Solo en términos de desfase de IPC, sin tener en cuenta otros factores, la deuda del Govern con la concertada es de decenas de millones de euros. Mientras tanto, este desfase lo pagan todos los usuarios de los colegios concertados, pese a los esfuerzos de economía de guerra de los equipos directivos. La concertada es, así, inviable.

Por otra parte, Més ha boicoteado el primigenio texto legal, consiguiendo imponer a la mayoría del sector educativo su corta y sectaria visión de la regulación de las lenguas vehiculares en la escuela. De momento, el PSIB ha tragado con la imposición, aunque anuncia -con más voluntarismo que sentido de la realidad, si pretende seguir contentando a Més- que quiere llegar a un acuerdo con el PP, lo cual sería no solo deseable, sino imprescindible.

Todos los partidos saben que ese -por desgracia, el del idioma-, será el debate, el único debate. Una vez más, la sociedad civil acredita ser mucho mejor que la clase política y capaz de debatir y proponer mucho más allá de la lengua que hay que usar en las aulas para seguir educando. Los grupos políticos hacen un problema de aquello que la inmensa mayoría de los colegios tiene resuelto hace décadas.

El futuro de la LEIB está, pues, en el aire, porque para aprobar una ley educativa que tenga durabilidad es necesario un gran consenso político, y eso requiere -de todos- altura de miras. Y, hasta la fecha, nuestros políticos -se cual sea su color- únicamente demuestran que quieren seguir arrimando el ascua a su sardina para continuar cobrando la nómina la próxima legislatura. En el fondo, les importa un pimiento la educación. Necesitamos altura y, de momento, a la mayoría ni siquiera se les ve por la superficie.