La juez ha absuelto a Podem de todas las pretensiones formuladas en su contra y le ha impuesto a Huertas las costas procesales causadas. La sentencia no es firme, de modo que la expresidenta del Parlament todavía dispone del recurso de apelación contra la resolución dictada.
La diputada interpuso esta demanda contra Podem el 4 de enero al considerar que la resolución de expulsión dictada por la Comisión de Garantías Democráticas Estatal del 20 de diciembre, que desestimaba su recurso contra la Comisión balear, estaría vulnerando sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la participación política y a la igualdad.
Esta expulsión del grupo de Podem en el Parlament implicaba el cese de Huertas como presidenta en virtud del artículo 39c del reglamento, que indica que un miembro de la Mesa cesa como tal al dejar de pertenecer a su grupo parlamentario.
Huertas y la letrada de Podem, Aina Díaz, no llegaron a una conciliación previa el pasado 23 de marzo después de que la expresidenta pusiera como condición que la diputada sea reintegrada en Podem para retirar la demanda. Desde Podem consideraron que la expulsión se hizo correctamente, por lo que no admitieron la petición.