La izquierda se revuelve por las mejoras en las carreteras, tras años de parálisis e inacción

El Consell de Mallorca anunció este miércoles una serie de actuaciones en materia de carreteras y movilidad, en los accesos a Palma desde la autopista de Llucmajor (Ma-19). Tras ocho años de absoluta parálisis, donde lo único que se hizo fue dificultar la fluidez con actuaciones tan controvertidas y perjudiciales como la reducción de la velocidad máxima en la Vía de Cintura a 80 km/h y el bodrio del carril Bus-VAO, el actual gobierno insular presidido por Llorenç Galmés demuestra estar dispuesto a corregir la caótica situación heredada.

Como cabía esperar, Més per Mallorca ha reaccionado criticando la medida y calificándola como un regreso a un modelo anticuado que, según ellos, prioriza el uso del automóvil sobre otras alternativas de movilidad más sostenibles. Sin embargo, es necesario analizar estas declaraciones con cautela y observar el contexto con mayor perspectiva.

Durante dos legislaturas, bajo la presidencia de Catalina Cladera (PSOE) y con Iván Sevillano (Podemos) como conseller de Movilidad e Infraestructuras, se optó por una política de inacción en cuanto a la mejora de las principales carreteras de titularidad insular. Esta decisión, lejos de resolver los problemas de saturación en las carreteras, los agravó considerablemente. La congestión en los accesos a Palma se ha convertido en un problema crónico, afectando tanto a residentes como a visitantes, y generando un malestar creciente en la ciudadanía.

La congestión en los accesos a Palma se ha convertido en un problema crónico, afectando tanto a residentes como a visitantes, y generando un malestar creciente en la ciudadanía

El argumento de que las nuevas obras representan un "regreso al pasado" es, en muchos aspectos, una simplificación ridícula y demagógica. La realidad es que la infraestructura vial de Mallorca no ha recibido la atención necesaria en años, y la situación actual exige medidas concretas y urgentes. El nuevo gobierno del Consell, de PP y Vox, ha decidido afrontar el problema de frente, reconociendo la necesidad de mejorar los accesos a Palma para aliviar la saturación y garantizar una movilidad más eficiente.

Es cierto que la sostenibilidad debe ser un objetivo central en cualquier política de movilidad moderna, pero también es fundamental reconocer la necesidad de un equilibrio. La mejora de las infraestructuras viales no tiene que estar en oposición a la promoción de medios de transporte alternativos; ambos pueden y deben coexistir en un modelo de movilidad integral y adaptado a las necesidades reales de la población.

Pero es crucial que el debate político se centre en soluciones concretas y realistas para los problemas de movilidad de Mallorca, en lugar de caer en retóricas simplistas y netamente ideológicas que no abordan la complejidad del tema.

Los ciudadanos ya emitieron el año pasado su veredicto sobre el modelo de movilidad impuesto por el tripartito de izquierdas (PSOE, Més y Unidas Podemos). Fue muy claro y por eso están ahora en la oposición. PP y Vox están legitimados para cumplir sus compromisos electorales con la finalidad de modernizar la red viaria en los accesos a Palma, abandonada, saturada y obsoleta gracias a los partidos de izquierdas que gobernaron Mallorca entre 2015 y 2023.