Los hechos ocurrieron a las 22.50 horas del viernes. Los vecinos de la finca comenzaron a oir golpes secos, intensos y repetitivos y al acudir al rellano del que provenían los ruidos, constataron que una de las puertas estaba forzada y abierta.
Inmediatamente llamaron al Instituto Armado y en menos de diez minutos se presentó una patrulla en el lugar. Los agentes comprobaron que el acceso a la vivienda había sido forzado pero en su interior no encontraron a nadie, por lo que recomendaron a los residentes estar alerta por si los sospechosos regresaban al lugar.
Y así ocurría hora y media después. Después de la media noche, el hombre y la mujer entraban en el edificio y eran pillados in fraganti en el rellano. Él, según los vecinos, ya estaba colocando
En aquel momento los agentes procedieron a la expulsión de ambos de la finca, imputándoles un delito de usurpación de vivienda.
UN MES DESDE LA INSTRUCCIÓN DE FISCALÍA
Hay que recordar que hace poco más de un mes, la Fiscalía de les Illes Balears emitió una instrucción a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de actuar "directamente y de forma inmediata" sobre los okupas de casas habitadas y segundas residencias, desalojándolos sin necesidad de solicitar medidas judiciales. Esta orden va dirigida a Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales.
Sólo cuando existan dudas "de la naturaleza delictiva de la conducta realizada en los casos de ocupación de inmuebles" se solicitarán medidas judiciales. No obstante, cuando los ocupantes sean personas en riesgo de exclusión social se dará cuenta a los servicios sociales "para que no queden desamparados".
La directriz llega en un contexto de creciente problema social y legal debido a la ocupación ilegal de inmuebles y al aumento de mafias que se aprovechan de la necesidad de personas vulnerables. "Al no haber una respuesta jurídica uniforme se hace necesario establecer unos criterios de actuación atendiendo los intereses que hay en conflicto", indica la instrucción. Por un lado, destaca, está el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio "ya que nadie puede entrar en domicilio ajeno sin autorización del titular o resolución judicial", y por otro, el derecho a una vivienda digna.
En el escrito se reconoce "situaciones reales pero diferentes, en función de si se trata de un inmueble ocupado por su titular o uno desocupado".
En el primer caso -aquellas casas que sean empleadas por sus propietarios como primera o segunda residencia- los agentes de policía deberán proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los terceros ocupantes y su detención.
Es el caso de la vecina de Son Sardina, en Palma, que regresó de vacaciones y se encontró su finca ocupada. Rápidamente avisó a la Policía Local y los agentes le comunicaron que no podían hacer nada más que redactar un informe judicial y le recomendaron que denunciase ante el Juzgado. Dos días después, y gracias a la presión social, la mujer recuperó su legítima vivienda.
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