Por otra parte, el Govern aun puede pronunciarse sobre este asunto. El caso tiene aun pendiente la acusación personada por parte del ente público balear, que deberá pronunciarse antes de setiembre.
En el informa presentado por la Fiscalía se declara que “no puede determinarse si la operación fue provechosa para el interés público y al menos podría parecer reprochable desde el punto de vista económico”. Aunque, la fiscal añade que en las fechas de la compra del hotel, el delito de malversación no incluía la “dilapidación de dinero público”.
En la causa se investigaba si la compra del hotel de Sóller que realizó el Govern fue motivada para favorecer a la familia de un funcionario de la Conselleria de Turisme que había presado dinero al dueño del establecimiento. Sin embargo, la Fiscalía cree que al haber una hipoteca legalmente constituida hace descartar el delito. Por lo que recuerda en su escrito que aunque el Gover asumiera los gastos derivados de la demolición del edificio Rocamar, pudo adquirir la finca sin el gasto de la hipoteca valorada en más de 700.000 euros.
Sobre los exconsellers del PP imputados, el ministerio público considera que ambos se encontraron con el proyecto de compra del establecimiento puesto en marcha por la consellera anterior, Joana Barceló. Por lo que descarta que su acción fuera motivada con ánimo de beneficiar al funcionario y que se produjera un posible delito de influencias.