El presidente de la FELIB, Joan Carles Verd, considera la situación "absurda" porque precisamente "es un deber" para las administraciones públicas el "proteger y promocionar" la lengua propia.
Según Verd, el recurso del Estado es "centralista" y va contra la normativa propia de las islas Balears como es el Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística que nacieron, entre otros, para llevar a cabo políticas de promoción de la lengua propia.