La evitable injusticia de la justicia mediática

Tras años de contacto accidental con varios procedimientos penales que han finalizado de forma satisfactoria, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre la evitable pesadilla social sufrida en nuestra tierra por demasiadas personas de forma innecesaria e incluso malintencionada. Como veterano profesional del Derecho -especializado en otras materias, aunque forzado a profundizar en las particularidades del Derecho penal económico- hago públicos estos comentarios con la esperanza de que, en el proceloso mundo de nuestra Justicia balear, otros los hagan algún día un poco suyos.

Cuando cualquiera resulta investigado en un proceso de los llamados “mediáticos” -aquellos en que la prensa publica noticias desde su inicio, y el investigado va conociendo el desarrollo del procedimiento antes en los diarios que mediante las comunicaciones del Juzgado a sus Letrados- solo cuenta a su favor con el principio constitucional de presunción de inocencia y la confianza que todos debemos tener en la Justicia. Pero se enfrenta a una gran desigualdad de armas que bordea la indefensión proscrita por la Ley.

Todo investigado mediático sufre una injusta condena social desde la publicación de las acusaciones contra él, aunque luego pueda obtener un inhabitual sobreseimiento (muchas instrucciones vienen predeterminadas por investigadores empoderados, muy poco controlados por los Jueces de instrucción), o una sentencia absolutoria (puesta siempre en cuestión por los medios críticos). La lentitud de los tiempos procesales origina siempre una pena anticipada que resulta sorprendente en los casos de sumario secreto, en los que nadie investiga filtraciones delictivas que solo pueden proceder del Juzgado, la Fiscalía o la Policía.

Contrariando toda ética periodística, los informantes habituales de nuestra prensa en papel publican un sesgado serial desde el inicio de la instrucción, centrándose en detalles morbosos -muchas veces penalmente irrelevantes- sin explicar a sus lectores las pruebas de descargo ni el principio de contradicción. Así masacran a los acusados contrarios a intereses políticos o económicos de su periódico, e intentan influir torticeramente en las resoluciones judiciales.

Muy criticable ha sido también el papel desempeñado en Baleares por la Fiscalía Anticorrupción, una Fiscalía especial cuya delegación insular debería disolverse por politizada e ineficaz, debiendo asumir su trabajo profesionales -preferentemente de otras provincias- con imparcialidad acreditada. Y a sus espectáculos y fracasos me remito (no han sacado adelante prácticamente ninguna acusación sin utilizar “falsos arrepentidos”, acusados que delatan a otros para reducir su condena), además de lo que se han dedicado a sobreactuar, empleando medios exagerados para perseguir numerosas corrupciones inexistentes.

No podemos olvidar que uno de sus conocidos miembros fue condenado por el TSJIB a 9 años de prisión -el Tribunal Supremo aún puede agravar la condena- por graves delitos cometidos en sus investigaciones, plagadas de extorsiones jaleadas por cómplices mediáticos. Ni que otra de sus integrantes fue ascendida a la Fiscalía Europea tras lograr enviar a juicio el esperpéntico caso “Calanova”. Ni que otros dos encabezaron el corte de la calle Unió de Palma -con furgones policiales, cámaras, periodistas y funcionarios ataviados con chalecos amarillos- para recopilar copias de escrituras públicas en una notaría, como si patrullaran por el norte de Gaza o los terrenos minados del Dombás. Esos despliegues innecesarios buscaban golpes de efecto político y condenas sociales anticipadas siempre del entorno del Partido Popular, cuando la Ley exige expresamente que los registros se efectúen con la mayor discreción, flagrante incumplimiento legal -otro más- que jamás ha sido perseguido.

Injustificable resulta también su inactividad en el avance de nuevas investigaciones ordenadas por la autoridad judicial contra el Fiscal Anticorrupción penalmente condenado. Esa llamativa apatía ha originado que particulares, funcionarios y policías afectados presenten escritos en Madrid solicitando al Fiscal Jefe Anticorrupción el envío de profesionales de la península para desarrollar delicadas indagaciones que los compañeros y amigos del investigado han “olvidado” impulsar.

Aparte del abúlico seguidismo que les han dispensado durante años bastantes Jueces y Magistrados, tampoco podemos obviar su palmaria hemiplejia investigadora, mostrándose siempre tuertos del ojo izquierdo en consonancia con su conocida adscripción a esa Unión Progresista de Fiscales que campa a sus anchas en Baleares. Basta conocer detalles del caso “Puertos” -donde no citaron ni como testigo a una Francina Armengol que designó para la presidencia de la Autoridad Portuaria al principal investigado Juan Gual, con quien se mensajeaba comentando su alegría o disgusto por las adjudicaciones de concesiones- mientras con empeño muy superior persiguieron la condena de Jaume Matas o el procesamiento de muchos miembros de UM o el PP.

Debe quedar, finalmente, constancia de que en Baleares se malgastan excesivos recursos públicos en sobreactuaciones procesales movidas por intereses espurios, bien políticos o profesionales. Han proliferado instrucciones poco rigurosas, teledirigidas a un objetivo determinado desde su inicio. La evidente sobrecarga de nuestros Tribunales viene también causada por el exceso de sumarios innecesarios. Mientras se han desperdiciado ocho años en el reciente caso “Calanova” (todos los acusados han resultado absueltos) se están señalando juicios por graves delitos sexuales para años próximos. Algunos profesionales carentes de escrúpulos han convertido la lucha contra la corrupción, unas veces real y otras ficticia, en un atractivo medio para obtener notoriedad y promoción profesional.

Por ello, les aconsejo adoptar algunas medidas de precaución ante el riesgo de acusaciones infundadas: A los periodistas, especialmente a quienes frecuentan terrazas de la plaza de los Patines, que practiquen menos seguidismo de la Fiscalía Anticorrupción, pues aparte de cometer delitos han fallado más que una escopeta de feria; y que contrasten sus informaciones con los acusados, hábito imprescindible que practican con nula dedicación. A los juristas, que intenten no emparentar jamás con políticos del Partido Popular pues, aparte de resultar peligroso, luego te deja tirado. Al legislador, que nunca traslade la instrucción de los procedimientos penales a la Fiscalía, viendo cómo la prostituyen algunos de sus integrantes, empezando por el Fiscal general. Y, al conjunto de los ciudadanos, que -a pesar del corporativismo de su cúpula para castigar ilegalidades injustificables- sigan confiando en nuestra Justicia. Lenta, insensible y desesperante -y pese a albergar a peligrosos aspirantes a estrellas- suele acabar haciendo bien su trabajo.