La diferente Administración de Justicia

Los diferentes juzgados de Baleares llevan un promedio de unos 1.760 casos cada uno, cuando según el CGPJ la media estatal es de 1.735 casos por cada juez. En rigor habría que matizar que hay pocos funcionarios públicos en Baleares cuya carga de trabajo no esté bastante por encima de la media estatal. Médicos, docentes, inspectores de hacienda, policías, funcionarios de prisiones, ¿por qué habrían de ser diferentes los miembros de la judicatura?

Es curioso que los jueces y magistrados de Baleares sean contabilizados en el total nacional, cuando pareciera que ellos formen un corpus independiente de la Justicia española. Los jueces en Baleares, a diferencia de sus colegas españoles, actúan al dictado de los fiscales. En ocasiones, incluso copian y pegan en la declaración de hechos probados de sus sentencias páginas enteras, literalmente, del escrito de acusación de la Fiscalía. Páginas enteras plagiadas, sin añadir ni una apostilla.

El pasado viernes, sin embargo, se ha sabido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJV) desestimó ampliar el plazo concedido a la Fiscalía para pronunciarse sobre los delitos atribuidos al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La Fiscalía había solicitado una ampliación del plazo al menos 15 días más, alegando que el juez Castro no consultó a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares cuando decidió elevar su exposición razonada al TSJV. Esta actitud del máximo órgano judicial de Valencia se interpreta como una decisión de cara a marcar distancias con la Fiscalía, impensable en los juzgados de Baleares.

La Justicia en Baleares se ha destacado en los últimos años por pegar primero y preguntar después. Fueron muy sonadas las operaciones policiales a bombo y platillo con registros y detenciones masivas, avisando previamente a los medios de comunicación, en operaciones que posteriormente no han visto ningún avance ni se ha practicado ninguna diligencia.

Muy recientemente hemos visto el caso del juez Pablo Ruz, del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional citando como declarar en calidad de testigos a Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal en el marco del caso Bárcenas. Pese a los indicios incriminatorios contra ellos, no fueron llamados a declarar como imputados, evitando lo que sí sucede en Baleares, donde se produce un abuso de las imputaciones y se utilizan para desacreditar política y profesionalmente a los llamados a declarar. Asimismo, otorgó 5 días de plazo al Partido Popular para que fueran entregados en el juzgado dos ordenadores que utilizaba normalmente Luis Bárcenas. En Baleares los jueces habrían ordenado la entrada y registro en la sede nacional del Partido Popular, con el consiguiente escándalo político.

Ruz sólo acordó la prisión provisional sin fianza para Luis Bárcenas cuando en respuesta a una comisión rogatoria enviada a Suiza, la Justicia de aquel país informó del hallazgo de dos cuentas a nombre de Bárcenas con 48 millones de euros en las entidades Lombard Odier y Dresdner Bank. En Baleares los jueces han ordenado la prisión incondicional para Maria Antònia Munar porque creen que tiene dinero oculto, aunque no hay ninguna prueba de ello ni se ha detectado un enriquecimiento ilícito ni un aumento del patrimonio familiar inexplicable o anormal.

En este último caso los jueces de Baleares también justifican su decisión en que la expresidenta del Parlament ha sido condenada por el caso Can Domenge a seis años de prisión, que sumados a la anterior condena por el caso ‘Temps d’Esport’ suman 11,5 años, motivo por el cual aducen un subjetivo riesgo de fuga que justifica la prisión provisional. Sin embargo, cuando el autor de la querella por el caso Can Domenge, el constructor José Luis Núñez fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda, no se acordó la prisión sino que se decidió esperar la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, cosa que no hacen los jueces de Baleares. Esta circunstancia no es en absoluto baladí, pues como se ha visto en no pocas ocasiones, el Tribunal Supremo ha debido rectificar sentencias condenatorias de la Audiencia de Baleares. Este fue el caso de Lluc Thomàs, Joaquín Rabasco, Damià Nicolau y más recientemente Jaume Matas, entre otros.

Otro dato indicativo del diferente proceder de jueces y fiscales en Baleares con respecto al resto del país fue la decisión insólita de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir ante la Audiencia Provincial un auto de citación en calidad de imputada de la hija del Rey e infanta de España, Cristina de Borbón. Los fiscales ejercieron de abogados defensores y los jueces de la Audiencia estimaron que la imputación era un estigma que había que evitar y consideraron que no había indicios suficientes para hacerlo, en contra del criterio del juez instructor.

La Fiscalía de Baleares también se ha destacado por una propensión poco habitual a pactar para evitar juicios, asumiendo en caso de delitos graves penas ínfimas. Este es el caso de la rusa Anna Kaydalova, de 35 años, que en marzo de 2011 acabó con la vida de Ana Andruschenko con un cuchillo de cocina. Kaydalova sólo cumplirá un año de cárcel y cuando acceda al tercer grado será expulsada del país por cinco años.