La Constitución como trinchera

Cualquier jurista de medio pelo sabe que un exceso de rigidez de una norma pone en peligro su propia vigencia. Una norma inamovible, irreformable, pétrea, no se adapta a la evolución lógica de la sociedad y, por tanto, la sociedad primero la incumple y después la ignora. Derogación de facto, podríamos llamar a este proceso.

También cualquier jurista de medio pelo será capaz de comprender que nuestra Constitución, pese a ser de las más modernas de Europa cronológicamente y ser, en bastantes cosas, una norma avanzada, presenta serias carencias técnicas y políticas fundamentalmente por el contexto histórico en el que surgió.

No es lo mismo aprobar una Constitución tras un periodo largo de libertad y de democracia que aprobar una Constitución tras 40 años de dictadura fascista, con permanente ruido de sables en los cuarteles y con los asesinos de ETA, GRAPO y otros grupos menores de cobardes sembrando de muerte las páginas de actualidad de aquel tiempo. Porque aquí parece que la Transición española fue el paraíso terrenal, y fue una auténtica pesadilla que salió razonablemente bien porque no quedaba otro remedio.

Precisamente por ese contexto histórico tan específico y significativo, nuestra Constitución presenta la característica de la ambigüedad. Es un texto normativo que dice sin decir, apunta pero no subraya, tolera pero no regula. En definitiva, un despropósito jurídico de altísimo valor en 1978.

A pesar de sus evidentes carencias técnicas y de haberse visto superada por el paso del tiempo (todo el Título VIII es prehistoria jurídica y política), algunos se esconden detrás de sus artículos, con grandes palabras pronunciadas con voz impostada y trascendente, para atrincherarse, para no tener siquiera que sacar la cabeza de un agujero que no les permite ver más allá de sus propias narices.

La consulta que se propone convocar la Generalitat de Catalunya para el próximo día 9 de noviembre es un ejemplo de esta actitud.

Seguramente tengan razón los abogados del Estado que sin duda asesoran al Gobierno cuando aducen que, en los términos jurídicos actuales, la convocatoria de un referéndum de ese tipo por parte de una Comunidad Autónoma es inconstitucional. Es inconstitucional no por la pregunta que se plantea, que es lo que nos venden, sino que es inconstitucional porque no disponen de competencias para convocar referéndums.

El Gobierno del Estado podría aprobar un Decreto de transferencia o delegación de la competencia de convocar referéndums consultivos y la consulta promovida por la Generalitat dejaría de ser inconstitucional (ver artículo 150.2 CE).

Por tanto, la inconstitucionalidad no proviene de la pregunta o del deseo de independencia, sino que proviene de un mero tecnicismo de atribución de competencias, tecnicismo que podría solventarse de forma sencilla.

Sin embargo, y amparados en este tecnicismo que salvaguarda su discurso, el Gobierno se equivoca, en mi humilde opinión, cerrando los ojos y los oídos ante la evidencia.

Cuando de forma constante más de un millón y medio de catalanes salen a la calle de forma pacífica y perfectamente organizada reclamando poder votar sobre su futuro, algo tiene que moverse en el Gobierno del Estado.

Don Tancredo Rajoy optó por la poesía ripiosa politizando un acto de la Organización Nacional de Trasplantes montado ex profeso y a todo correr. Flaco favor le hizo a la prestigiosa, admirada y admirable entidad. Soraya nos volvió a reñir a todos desde su púlpito con un discurso impropio de una abogada del Estado e impropio incluso de un estudiante de primero de Derecho.

Comprendo que el Gobierno no puede legislar a golpe de manifestación (aunque lo exigiera en la oposición), y comprendo también que el Gobierno de España no puede estar abierto a ceder presuroso y con buena cara a los anhelos independentistas catalanes o vascos.

La complejidad del problema no se resuelve con maximalismos como los que pronuncia un amortizado y carbonizado Mas ni con el inmovilismo de un inoperante Rajoy. Tampoco el nuevo y ¿flamante? Secretario General del PSOE parece aportar ninguna novedad digna de mención.

Yo tampoco aportaré novedades relevantes, porque si fuera capaz de hacerlo probablemente estaría en el Consejo de Estado junto a Zapatero y a Aznar emitiendo Dictámenes así, con D mayúscula, y no ante el ordenador escribiendo este humilde artículo.

Pero déjenme aportar alguna reflexión.

Cuando se produce una manifestación importante, los responsables políticos suelen decir que las manifestaciones son muy valiosas pero que lo más valioso es el resultado de las urnas. ¿Por qué en este caso no se cree con la misma firmeza en el valor de las urnas para conocer la opinión de la gente?

El problema de una hipotética consulta el 9 de noviembre no proviene del hecho mismo de votar, sino de los efectos del resultado. ¿Hay alguien que haya defendido que según cuál sea el resultado de la consulta, automáticamente se producirá la independencia de Catalunya?

No es lo mismo querer conocer la voluntad de los ciudadanos que otorgar efectos automáticos inmediatos a dicha voluntad.

Creo que es imprescindible dejar de especular y conocer de primera mano la voluntad de los catalanes en unas votaciones en las que todos dispongan de

toda la información y de todas las garantías legales y de transparencia. Unas votaciones en las que la participación de todos sea un objetivo primordial.

Creo que una vez que se conozca esa voluntad, deberá actuarse con prudencia y tranquilidad por ambas partes.

El resultado de dicha consulta, celebrada con las garantías correspondientes, podría dar un resultado sorprendente, con un peso muy importante a favor de la opción de una mayor autonomía sin independencia (sería la opción Si-No en la doble pregunta que se quiere plantear). Incluso podría ser que saliera un resultado favorable a la independencia, pero muy difícilmente dicho resultado obtendría una mayoría absoluta de los sufragios emitidos.

Por tanto, sería el momento de sentarse a hablar de una reforma constitucional que sería compleja, sin duda, pero que contaría con la ventaja de conocer a la perfección la voluntad democrática libremente expresada de los ciudadanos de

Catalunya, cosa que, creo, en ningún caso puede considerarse negativo.

La cerrazón a llevar a cabo la consulta tan solo favorece a la especulación, y nutre las posiciones más extremistas en cada campo. Es más fácil combatir a un Gobierno de España inflexible y autoritario que a un Gobierno dialogante y abierto al cambio, siempre desde la firmeza democrática.

Hasta en el Reino Unido se han puesto de acuerdo con el referéndum de Escocia, y aunque se ve que hay tensión y disputa pues hay mucho en juego, no parece que la isla de Gran Bretaña vaya a quedar sumergida por las olas tras un tremendo cataclismo apocalíptico.

¿No podríamos copiar de aquellos que lo hacen bien?

¿No podríamos ser capaces de adaptar las normas a la realidad?

No se olviden de que las normas emanan de la voluntad democrática de los ciudadanos (por eso las leyes se aprueban en el Congreso), por lo que no será una buena norma aquella que contravenga la voluntad ciudadana. Y si una norma está en contra de la sociedad, la sociedad, como hemos dicho al principio, simplemente la ignora y la desprecia hasta que la norma cae en el olvido y el desuso.

Personalmente creo que la Constitución, con las reformas necesarias, debe ser la punta de lanza de nuestra evolución democrática, y no el ancla que nos mantenga a perpetuidad en un espíritu de la Transición que ya es, afortunadamente, Historia.