La conducta poco ética del obispo Taltavull en Lluc

El Obispado de Mallorca, que preside el prelado monseñor Sebastià Taltavull, ha desembolsado más de 500.000 euros para indemnizar a diez extrabajadores de del Santuario de Lluc. Es lícito cuestionar que la Iglesia de Mallorca considere necesario indemnizar a diez exempleados del monasterio más importante de la isla, pues no parece que esta importante cantidad de dinero haya sido invertida en algo provechoso para el conjunto de la diócesis. Esto pone sobre la mesa importantes dudas sobre la gestión financiera y ética de la institución eclesiástica.

La noticia, revelada por mallorcadiario.com, revela un uso dudoso de los en teoría limitados recursos de la Iglesia. Con toda seguridad, la diócesis mallorquina tendrá necesidades más acuciantes a las que podría haber dedicado esa cuantiosa suma de dinero. Sin embargo, se optó por destinar ese más de medio millón de euros a compensar a exempleados de Lluc, muchos de ellos con años de antigüedad a sus espaldas, únicamente porque se les vinculó con la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones (conocidos popularmente como Coritos). Tras un proceso de negociación, el dinero permitió pasar página y correr un velo de opacidad sobre las verdaderas razones de una inversión tan cuantiosa como innecesaria.

Es preocupante observar cómo una entidad que debería estar dedicada a servir a la comunidad y promover valores de justicia y solidaridad, opta por utilizar una suma significativa de dinero en indemnizaciones que podrían ser innecesarias o incluso motivadas por intereses poco claros. Este tipo de acciones socavan la credibilidad y la confianza en la Iglesia, especialmente cuando se trata de un caso que implica presuntas maniobras para favorecer a personas afines.

La falta de transparencia en torno a este asunto es particularmente inquietante. ¿Por qué se decidió indemnizar a estos extrabajadores con tal cantidad de dinero? ¿Cuál fue el proceso detrás de esta decisión y quiénes fueron los responsables de tomarla? Estas son preguntas que merecen respuestas claras y detalladas, ya que el manejo de los fondos de una institución religiosa debería estar sujeto a los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas.

Además, la posibilidad de que estas indemnizaciones se utilicen como una estratagema para reemplazar a los trabajadores despedidos con individuos alineados ideológicamente con el obispado es profundamente preocupante. Esto plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la equidad en el proceso de contratación, así como sobre el compromiso real de la institución con los principios de justicia y respeto hacia todos sus empleados, independientemente de su afiliación religiosa o política.