La exconcejala de Función Pública de Palma durante el mandato del alcalde Mateo Isern, Irene San Gil, ha manifestado su intención de querellarse contra la formación Podem de Valent y contra los concejales del actual equipo de gobierno municipal Aligi Molina y Aurora Jhardi, además de contra el diputado autonómico Carlos Saura. El motivo es un tuit injurioso publicado por dicha formación heredera de Som Palma, donde figura la fotografía de algunos excargos públicos del PP de Palma, entre los que está José María Rodríguez, Gabriel Vallejo, Álvaro Gijón y la propia San Gil.
El tuit citado hace alusión a la presunta trama de corrupción en torno a la adjudicación del contrato de la ORA que está investigando un juzgado de Palma. San Gil fue detenida el 17 de octubre y prestó declaración en condición de investigada ante la Policía Nacional y ante el propio juzgado de instrucción nº 12 que instruye la causa -que está declarada secreta, razón por la que poco se sabe de su contenido y alcance-, pero el juez acordó archivar la causa contra ella.
Esta circunstancia no ha sido tenida en cuenta por los autores del montaje infamante, en lo que supone una extralimitación no exenta de consecuencias jurídicas que los tribunales deberán determinar si en efecto San Gil presenta la querella que anuncia. Una vez más determinados políticos se lanzan a emitir condenas públicas sin respetar la presunción de inocencia ni los derechos más elementales, con el ánimo de sacar rédito político de los casos de presunta corrupción. La falta de prudencia parece ser la norma con que habitualmente se manejan. No se puede injuriar de este modo a alguien y aún menos a que ha sido exonerada por el juez y sobre quien no pesa ya ninguna sospecha.
