La chapuza de Can Domenge

El jueves quedó visto para sentencia el juicio por el caso Can Domenge. Pero únicamente una parte del caso, la que analiza la legalidad del concurso convocado en enero de 2006 por el Consell de Mallorca y su supuesto amaño a favor de una de las empresas que se presentó al concurso. La cuestión del soborno, que sería supuestamente el móvil del presunto amaño del concurso, quedó fuera del juicio y no podrá ser objeto de análisis en la sentencia, por más que se habló mucho del asunto durante las sesiones del juicio. Esta cuestión, todo un sinsentido, puede acabar arruinando el juicio por defecto procesal, ya que según algunas defensas se les causaba indefensión.

Las confesiones de Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Urbanismo y del promotor Román Sanahuja, propietario de la constructora catalana Sacresa, antes de iniciarse el juicio han condicionado absolutamente todo el proceso. Todo apunta a un trato de favor desde el Consell hacia Sacresa. Así lo ha confesado también Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell, aunque la Fiscalía no reconoció para él la atenuante de confesión ya que no implicó a Maria Antònia Munar.

Vicens en su escrito de confesión apuntó a que el concurso estaba amañado para que ganase Grup Fer, pero al presentar un proyecto de calidad insuficiente, quien obtuvo mayor puntuación por parte del jurado técnico independiente fue el proyecto firmado por Jean Nouvel, el famoso arquitecto contratado por Sacresa para hacerse con el concurso. Fue posteriormente cuando, según Sanahuja, Miquel Nadal contactó con ellos y les exigió el pago de 4 millones de euros para cerrar la venta.

CONCURSO AMAÑADO

La Fiscalía Anticorrupción considera que los acusados Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer se concertaron para convocar el concurso haciéndole un traje a medida a Sacresa para que ganase sin problemas y dificultando la concurrencia de otros proyectos. Sin embargo, las bases del concurso fueron ajustadas a la legalidad según todos los informes de los técnicos de la institución insular, incluyendo los plazos para la presentación de proyectos (legales, aunque exiguos según testificaron varios arquitectos). E igualmente ganó el mejor proyecto presentado, el de la UTE formada por Sacresa y la constructora Ferrá Tur.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Román Sanahuja confesó que recibió información de las bases del concurso que le enviaba Miquel Nadal a través de Santiago Fiol, su abogado en Palma, también acusado. Fiol niega estar al corriente del contenido de los sobres que él hacía llegar a su cliente. Nadal era el contacto con Sacresa.

La Fiscalía dejó de acusar de revelación de secretos a Miquel Àngel Flaquer, dado que ningún testimonio ni ninguna otra prueba le vinculaba a este delito. Sin embargo, lo mismo sucedía con Munar y la Fiscalía mantuvo la acusación al considerar que la ex presidenta del Consell estaba al frente de la operación y lo controlaba todo, aunque Nadal testificó que Munar no sabía nada del tráfico de información a Sacresa.

VALOR DEL SOLAR

La cuestión del valor de la finca ha sido esencial durante este juicio, para determinar las responsabilidades económicas a las que los acusados habrán de hacer frente.

El tribunal tendrá que decidir si la valoración hecha inicialmente por el Consell de 30 millones € era correcta. Los peritos que han declarado en el juicio no lo han aclarado y persiste la guerra de cifras. Tan es así que el Consell de Mallorca, que ejercía la acusación particular, exigía al inicio del juicio una indemnización de 30 millones de euros y al final rebajó su pretensión hasta los 45 millones, tras llegar a un acuerdo con Román Sanahuja, por el cual el propietario de Sacresa se comprometía a pagar de forma inmediata 3 millones de euros al Consell. Los otros 12 millones restantes habrán de ser abonados por los condenados, con la peculiaridad de que la Fiscalía solicitó que Bartomeu Vicens sólo responda de esa cantidad de manera subsidiaria.

Una cosa quedó clara en el juicio: la perito de la Agencia Tributaria confesó que no había hecho un peritaje de la finca, sino simplemente una comparativa de dos valoraciones. Y que los 30 millones fijados como precio tope eran el justiprecio, esto es un precio justo.

PENAS

Maria Antònia Munar se enfrenta a una petición de cárcel de 6 años (3 años por fraude a la Administración y otros 3 por revelación de secretos), además de 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Miquel Nadal, a 4 años de cárcel (2 por fraude más 2 por revelación de secretos).

Vicens, tras su pacto con la Fiscalía, a quien se considera un “arrepentido”, se solicita 6 meses de cárcel por fraude a la administración y otros 2 meses por revelación de secretos. Antes de su pacto, Vicens se enfrentaba a una pena de 6 años de cárcel. Con esta reducción de pena se puso en evidencia el trato de favor dispensado por la Fiscalía, por más que Vicens negó durante su declaración haber pactado con el ministerio fiscal.

Miquel Àngel Flaquer se enfrenta a 1 año de prisión por fraude a la Administración e inhabilitación por 7 años por el delito de prevaricación

Para Santiago Fiol la Fiscalía solicitó 18 meses de cárcel (9 meses por fraude a la Administración y otros 9 por revelación de secretos), aunque la acusación ejercida por el Consell de Mallorca renunció a acusarle. Y para Román Sanahuja se piden 12 meses de cárcel o el pago de 180.000 €.