La buena malversación

El Gobierno y el Tribunal Constitucional alinean ideológicamente las leyes a los fines políticos del partido que comanda ambas instituciones. Esta y no otra es la realidad que vivimos en España. La literalidad de las palabras se sitúa en último lugar en el rango de criterios interpretativos de las normas, cediendo la primera posición a aquel de todos ellos que favorezca mejor los intereses el ejecutivo y su jefe.

El imparable desprestigio de las instituciones y su puesta al servicio de los intereses de Pedro Sánchez -sean estos políticos o estrictamente privados- nos acerca cada vez más a las dictaduras bolivariano-comunistas de América. La Fiscalía General del Estado actúa como abogacía del presidente, en contra del parecer y posiciones de la inmensa mayoría de fiscales de carrera, y a su acreditada mediocridad profesional une el dudoso honor de estar siendo objeto de una investigación penal por haber cometido, presuntamente, un grave delito de revelación de los secretos de un particular. Un currículum que hace solo unos pocos años hubiera supuesto un motivo de veto o expulsión del cargo hoy se configura como un mérito en la delirante realidad paralela en la que Sánchez y su ideólogo Zapatero nos obligan a vivir.

Del Constitucional, qué decir. Ministros del PSOE hablan de este órgano de garantías como si conformara la cúspide del Poder Judicial mientras se cuidan de denostar al Supremo. Este es el nivel. Por supuesto, que un ministro socialista o un exfiscal general tan significado políticamente como Cándido Conde Pumpido marquen las posiciones mayoritarias del TC les parece algo inocuo para la salud de nuestra maltrecha democracia.

La última víctima de tanta miseria moral es el lenguaje y, con él, las leyes, que ya no dicen lo que decían, sino, en muchos casos, lo contrario, aunque no hayan sido reformadas.

La malversación no es delito si la comete un socialista o algún cargo de un grupo parlamentario cuyo apoyo precise Pedro Sánchez para seguir en su puesto. Si lo dijéramos en latín, parecería un principio del Derecho Romano “Si paret Petrus Sanchez…”, pero no.

El latrocinio sistemático del dinero de todos los españoles llevado a cabo en Andalucía por el régimen socialista que imperó allí durante cuatro décadas, conocido como el caso de los ERE, se va a saldar con penas menores para cargos de tercera fila, mientras los responsables políticos del invento salen de rositas porque no se hicieron un chalé con la pasta desviada. Es la malversación buena o progre. Robar en nombre del pueblo no es delito. Los comunistas de todo el orbe llevan más de cien años viviendo de esta quimera.

En el caso de Puigdemont, y aunque el Tribunal Supremo intente resistir como parapeto de salvaguarda democrática para evitar que el circo sanchista acabe convirtiendo los poderes del Estado en un verdadero circo de tres pistas, la rabieta de los ministros del Gobierno y los exabruptos del independentismo catalán se centran en repetir el mantra de que el Procés no supuso beneficio personal alguno para sus autores y que la amnistía, que lava más blanco, le ha quitado hasta la última mancha.

No sé de qué habrá vivido Puchi durante todos estos años en Waterloo, ni quién le financió la seguridad, los mossos que le acompañaron en su ridícula huida de España en el maletero de un coche y su defensa en Bélgica, pero me temo que resulta difícil no hablar de beneficio personal cuando ha sido uno de los pocos dirigentes del secesionismo que se ha salvado de tener que defender sus oligofrénicas tesis ante los tribunales españoles o de asumir riesgo personal de clase alguna, todo ello con el superior fin de preservar en todo momento la integridad virginal de su selvático culo (lo de selvático es una referencia geográfica, no etnográfica, aclaro).

Por lo visto, Puigdemont y su entorno han vivido y viven de la nada, por no hablar de que toda la patética algarada independentista no le ha costado, hasta la fecha, ni un solo céntimo, ni a él ni al resto de independentistas, que pretenden ahora girarnos la factura de sus disparates a los demás ciudadanos mediante el tratamiento financiero ‘singular’ para Cataluña que, por supuesto, ya ha anunciado el Gobierno.

Sin duda, los nuevos héroes de la política progresista son los buenos malversadores