La Audiencia de Palma retoma el lunes el juicio a Romanov

En la primera jornada de la vista oral que fue el 6 de mayo, acusación y defensas plantearon las cuestiones previas, que el tribunal anunció que solventará en la sentencia.

El abogado de Romanov, Cristóbal Martell, reclamó la nulidad de todas las pruebas obtenidas a partir de pinchazos telefónicos, intervención de comunicaciones informáticas y registros porque considera que estas medidas suponen una vulneración de derechos fundamentales injustificada, dado que contra el ciudadano ruso no había más que sospechas injustificadas basadas en la "estigmatización" por su nacionalidad y su condición de exconvicto.

Por contra, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau argumentó que Romanov y su esposa, también acusada, estaban ligados a "círculos criminales" mafiosos en su país, realizaron operaciones empresariales sospechosas y manejaban fondos en metálico de origen injustificado, lo que avalaba la autorización de los medios de investigación que se emplearon.

En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción acusa al principal imputado, Alexander Romavov, al que vincula con la organización criminal rusa, de articular los mecanismos para introducir en España fondos por valor de 12,3 millones de euros y 2,6 millones de dólares, con una apariencia de origen lícito, según recoge su escrito de acusación.

Indica que para ello se habría valido presuntamente de la colaboración de su familia, relacionada societariamente con las empresas controladas por Taganskaya, y de otros profesionales como abogados y gestores, que figuran entre los acusados.

La acusación pública les imputa los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos, por los que solicita una condena de 17 años de cárcel y multa de 40,1 millones de euros para el principal acusado y en total condenas que suman 76 años de prisión y multas que ascienden a 165 millones de euros para los doce acusados.

En su escrito, la Fiscalía señala trece operaciones con riesgo potencial de vinculación con actividades de blanqueo de capitales, con una gestión de los fondos en España que considera "inusual o extravagante, carente de sentido comercial y generadora, intencionadamente, de confusión sobre su origen y destino".

De las cantidades presuntamente blanqueadas, hasta 10,7 millones de euros y el total de los dólares americanos los trataron de justificar mediante unos documentos de acuerdos de crédito y otros 1,6 millones de euros los presentaron como una donación del principal acusado a su suegro.

La Fiscalía cree que los acusados realizaron movimientos internacionales de fondos e invirtieron bienes inmuebles de muy elevado valor como la compra del Hotel Mar i Pins de Peguera en 2010, cuya tasación, junto con la vivienda anexa, alcanza los 12,3 millones de euros, aunque la compraventa se escrituró por 5,95 millones.

Los acusados realizaban movimientos importantes de dinero en efectivo y retiraron 2,1 millones de cuentas corrientes, algo que según la acusación pública sirvió para dificultar el seguimiento de los fondos y favoreció actividades de blanqueo de capitales al evitar los controles de las autoridades.

El fiscal considera que tanto en sus actividades en Mallorca como en sus relaciones con el extranjero, el grupo liderado por Romanov mostró "nulo respeto a la ley tanto en las acciones relativas a la esfera empresarial propia de la reforma del hotel y vivienda y adquisición del mobiliario como en otras esferas".