La alarmante caída de la natalidad obliga a tomar medidas

Los datos sobre natalidad hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística ponen de manifiesto una situación alarmante que anuncia efectos en la economía y en el propio modelo de sociedad. La evolución demográfica constatada por el INE señala que en el primer semestre de este año se produjo la cifra de nacimientos más baja desde 1941, el año en que se empezaron a llevar estadísticas de este tipo y cuando el país apenas contaba con 26 millones de habitantes en vez de los casi 47 de ahora. Si a esta caída, se añade el ligero incremento de los fallecimientos, el crecimiento vegetativo se sitúa largamente en cifras negativas.

Este declive demográfico se ha venido acrecentando durante los ultimos años y no sólo empieza a hacer imposible el llamado reemplazo generacional sino que supone un envejecimiento de la población con consecuencias muy concretas. Aumento del gasto sanitario, pago de pensiones, dependencia, servicios... todo un catálogo de circunstancias que, cada vez más, será muy difícil de cubrir con las aportaciones de una base de jóvenes que mengua.

En Baleares, el índice de natalidad cae por debajo de la media nacional con 1,22 hijos por mujer frente a los 1,30 del total del estado. Una situación agravada por el hecho de que la edad en la que las parejas tienen su primer bebé se retrasa cada año y con ella cae también la probabilidad de tener más hijos.

La estadística es tozuda. No se trata de datos puntuales, sino de una tendencia que se viene constatando desde hace ya unos años y sobre la que hay que adoptar medidas de calado. Por un lado, la llegada de ciudadanos extranjeros puede paliar una parte de la caída en el crecimiento vegetativo, aunque probablemente no lo suficiente sin que se produzcan otro tipo de tensiones. Por ello, los gobiernos deben aprobar medidas de ayuda y protección a la familia, apostar por la conciliación real entre vida laboral y vida familiar, fomentar el empleo juvenil, apoyar a las mujeres que quieran tener hijos -especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad-, incentivos fiscales a la natalidad, a los productos para bebés...

Todo ello implica un coste, pero debe ponderarse cuál de las dos situaciones es preferible: si legislar apoyando un cambio de tendencia que asegure el reemplazo generacional y un equilibrio social, o enfrentarnos a un futuro incierto con una población envejecida que tenga cada vez más dificultades para generar crecimiento y bienestar.