Según el escrito del fiscal, entre 2016 y 2017, el varón, que era administrador único de una empresa, con la finalidad de impedir a la socia el ejercicio de sus derechos económicos y políticos, le vetó el derecho de información, pese a ser legal heredera de parte de las acciones de la sociedad tras el fallecimiento de su esposo.
Asimismo, desde 2012 y hasta 2015, el acusado dejó de convocar y celebrar juntas, pero para inscribir las cuentas anuales y liquidar el impuesto de sociedades certificaba la celebración de las mismas. Además, firmaba que se aprobaban por unanimidad, haciendo constar que a las reuniones asistía el 100 por cien del accionariado.
Por otro lado, durante los años 2014 a 2017, el hombre transfirió fondos de más, "sin justificación", desde la empresa que administraba a otra mercantil de la que es socio, con un 34 por ciento de las acciones. En total, traspasó un importe de más de dos millones de euros mediante transferencias de capital superiores a las facturas emitidas entre ambas empresas.
Además, el acusado cobró de forma indebida, en concepto de remuneración del cargo de administrador único de la sociedad, la cantidad de 128.032 euros durante los ejercicios 2014 y 2015.
El Ministerio Público apunta que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado y otro delito continuado de administración desleal.
Por el primer delito, el fiscal pide para el acusado la pena de dos años de prisión y una multa de 3.600 euros, y por el segundo, la pena de cuatro años de prisión y una multa de también 3.600 euros. Además, solicita que abone a la sociedad la cantidad de 2.184.855 euros en concepto de indemnización por las cantidades indebidamente detraídas de las mismas.
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