La Justicia da luz verde a la reincorporación del policía condenado por coacciones a Vivas

La defensa del agente presentó una demanda contra el Ajuntament de Palma tras denegarle el regreso a su puesto de trabajo mediante un decreto emitido desde el área de Seguretat Ciutadana en el año 2018. Año y medio después, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma le da la razón anulando y dejando sin efecto dicho decreto "por incurrir en infracción del ordenamiento jurídico".

Por ello, su abogado exige ahora a Cort su readmisión en el cuerpo policial así como "al pago de todos los haberes dejados de percibir desde la apertura del expediente en cuestión".

SU DEFENSA YA HABÍA PEDIDO POR ESCRITO A CORT SU READMISIÓN

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, la defensa de Alberto J.L. y Rafael P. -condenado en la misma causa- presentó un escrito por vía telemática destinado al Ajuntament de Palma, en el que se hace constar que son “agentes de la Policía Local, que se encuentran apartados de servicio sin que le consten ningún tipo de medidas judiciales que se lo impidan”. Además, añade que son “aptos para el servicio, están dispuestos, si así lo estima esa corporación a reincorporarse de forma inmediata al servicio y suplir en el grado en que se puedan las necesidades que puedan existir por el estado de alerta”.

Ambos agentes fueron condenados a dos años de cárcel como autores de sendos delitos de coacciones a Paola V. G. para que "colaborase con los acusados con su testimonio y actuaciones contra Sonia Vivas con el fin de hacer fente a la denuncia que por su parte Sonia había interpuesto" contra ellos y así "hostigarla y desacreditarla". Sonia Vivas acusaba a sus compañeros de haberla vejado por su condición de lesbiana con insultos y expresiones homófobas.

En febrero del año pasado el TSJIB rebajó la condena hasta 15 meses de prisión e inhabilitación especial para el empleo de policía local durante el tiempo de la condena. Además, Rafael P. fue condenado por denuncia falsa y falso testimonio a dos años y dos meses de prisión. La sentencia fue recurrida en casación y está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo.

Concejala de Podemos

Sonia Vivas es actualmente concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ajuntament de Palma.

Recientemente el Juzgado de Instrucción 1 de Palma ha admitido a trámite la querella de la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA) por presunta estafa.

La querella contra la concejala de Podemos se construye en base a la supuesta utilización de los mismos informes médicos en dos causas diferentes: una de 2011, cuando Vivas denunció a su ex pareja y otros dos agentes por presuntas calumnias y falsificación de datos para presuntamente perjudicarla -caso que se sobreseyó-, y la segunda, en 2016, en el marco del caso ya juzgado y por el que fueron condenados los dos agentes que ahora piden su reincorporación al servicio.