Justicia en manos de incapaces armados

El reconocimiento de una incapacidad permanente y absoluta al juez Manuel Penalva culmina -a falta de su posible enjuiciamiento por graves delitos- el ascenso y caída de quien, con la entusiasta connivencia de otro incapaz -el exfiscal Miguel Ángel Subirán- se dedicó durante años a esparcir la mancha de la corrupción y otros crímenes sobre políticos, agentes de policía y ciudadanos completamente inocentes sin otros elementos de convicción que su propia animadversión personal contra ellos, que quedará conservada para la posteridad en sus famosos e impresentables mensajes de whatsApp.

La porción más delicada de la administración de justicia -la instrucción de una causa penal que puede suponer la privación de libertad del justiciable- fue confiada durante años a quienes han acabando invocando -casi suplicando- su propia incapacidad absoluta, que curiosamente beneficia la estrategia de defensa de sus letrados. El proceso que se avecina nos aclarará -o no- si Penalva y Subirán estaban en sus cabales cuando cometieron aquellos hechos, aunque muchos de los estrambóticos comportamientos de uno y otro eran sobradamente conocidos en los corrillos jurídicos desde hace años, sin que a sus superiores les parecieran nada relevantes. Y hablamos de dos personajes que, además, eran aficionados a las armas de fuego. El uno, como experto en la caza mayor -menudo sarcasmo-, y el otro, paseándose con un revólver por si a alguna de sus víctimas se le ocurría intentar un disparate, lo que parece ser que le obsesionaba. Y no me extraña.

Está visto que para un miembro de la judicatura o la fiscalía es mucho más sencillo obtener una incapacidad permanente absoluta que el que sus superiores lo expulsen de la carrera por vulnerar repetidamente la ley y ciscarse en los derechos de los justiciables. Como reza el dicho popular, entre bomberos, no nos pisamos la manguera.

Menuda diferencia con lo que ocurre con los ciudadanos de a pie, que se ven forzados a demandar al INSS y a atravesar un verdadero calvario durante años para que el Estado les reconozca una incapacidad permanente. Sé de lo que hablo, pues esta es una de las materias que más frecuentemente toco en mi práctica profesional. He tenido decenas de clientes a los que la Seguridad Social denegaba cualquier clase de incapacidad y enviaba a trabajar diciendo que no tenían nada, y que luego los tribunales han declarado en situación de incapacidad absoluta para toda profesión u oficio, o incluso en gran invalidez, que es el mayor grado existente, propio de personas que necesitan auxilio de terceros para los actos más elementales como vestirse o asearse.

Desgraciadamente, no sorprende a nadie este escandaloso trato de favor, pero no por ello deja de ser un elemento más para el enorme descrédito que padecen la administración y la justicia de este país.