Justicia: el colapso que viene

En más de cuarenta años de democracia, si un servicio público se puede considerar abandonado por los poderes públicos, éste es el de la Justicia.

Gobierne quien gobierne, parece no interesar que nuestros órganos judiciales funcionen al ritmo de los tiempos y se permite, bien conscientemente, que lo hagan en condiciones propias del siglo pasado.

Y, aunque los operadores jurídicos, desde jueces a abogados, incluyendo sindicatos de la administración de justicia, acostumbran a denunciar la situación con el tono propio del último quejido de un moribundo, la verdad es que tampoco se han dado movilizaciones colectivas de todos estos profesionales a la altura del agravio que padecen a diario y que, en último término, socava los derechos de los ciudadanos.

Una administración de Justicia rápida y eficaz contribuye sin duda a la fluidez del tráfico económico y disuade a aquellos que se regodean en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Por el contrario, nuestro actual sistema retroalimenta la permanente saturación judicial, porque es un medio tristemente efectivo de dilatar el pago de las deudas a un precio en muchas ocasiones irrisorio. Es mucho más fácil y más barato dejar de liquidar lo debido a un trabajador despedido o no abonar la factura de un proveedor, que solicitar un crédito bancario para cumplir puntualmente con estas obligaciones. Así, la Justicia, más que en un remedio para acabar con los incumplimientos, se convierte en un instrumento para materializarlos.

Con la crisis del COVID-19, la escasa solvencia logística de nuestro sistema judicial se ha exacerbado y en los próximos meses vamos a asistir a un colapso generalizado de los asuntos, pues se sumarán los procedimientos suspendidos durante el estado de alarma, los surgidos a consecuencia de dicho estado y de la galopante crisis económica que se adivina, y la necesidad de adoptar medidas profilácticas, lo que nos conducirá a una gigantesca dilación, aún más inaceptable que el que ya sufríamos con anterioridad.

La Justicia es siempre la cenicienta de la acción política, y su gestión difícilmente sería peor si se confiara directamente a sádicos sin escrúpulos, conciencia, ni conocimiento de ninguna clase. Cada decisión que se viene adoptando en este ámbito parece sacada de un libro de chistes, o de terror.

La última, este galimatías de fechas de reactivación de los plazos procesales y administrativos tras el estado de alarma, que está obligando a los operadores a dedicar ingentes esfuerzos a tratar de descifrarlo para no dejar indefensos a los justiciables.

Los Juzgados de lo Social, unos de los órganos más maltratados por los sucesivos gobiernos, han venido señalando desde hace años juicios, en los días de vista, cada diez o quince minutos -algo manifiestamente ilusorio-, lo que conlleva que las zonas de espera de las sedes judiciales se hallen permanentemente atiborradas de profesionales, clientes, testigos, peritos, etc., y que se haya institucionalizado el deplorable hábito de que todos ellos 'hagan pasillo' -algunas veces durante horas- esperando su turno, como si nuestro país pudiera permitirse el lujo de que tantos ciudadanos pierdan miserablemente el tiempo. El desprecio que eso supone hacia profesionales y justiciables es clamoroso.

Si a ello unimos la falta de medios técnicos y humanos y, sobre todo, la endémica insuficiencia del número de juzgados, podemos colegir que lo que se nos viene encima es una verdadera catástrofe para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, aunque al Gobierno no parezca preocuparle lo más mínimo.

Probablemente sea hora ya de que los operadores jurídicos hagan algo más que lamentarse lastimeramente ante tanta iniquidad.