Una sentencia que debería cambiar el escenario político

A pesar de anunciarse el día con antelación y filtrarse previamente el sentido de las penas, la publicación de la sentencia del Procés ha provocado este lunes una catarata de reacciones en toda España y movilizaciones, principalmente, en Cataluña. En la causa especial contra los principales responsables del proceso secesionista que culminó con la celebración del referendum y la posterior declaración de independencia de Cataluña, el Tribunal Supremo ha sentenciado a los acusados con penas de cárcel por sedición y malversación que oscilan entre los 13 y los 9 años, según el nivel de responsabilidad pública de los encausados.

Son muchos los que han expresado su disconformidad por el contenido de la sentencia. Unos, por no haber condenado a los acusados con penas más altas por rebelión -tal y como solicitaba la Fiscalía- y estimar que el régimen de permisos penitenciarios dejará en la calle a los condenados en un breve periodo de tiempo. Otros, por considerar que la condena es exagerada y forma parte de una represión de las aspiraciones políticas de una parte de la sociedad catalana.

Sea como fuere, una vez hecha pública la sentencia, sólo cabe acatarla y, desde un punto de vista político, aprovechar el nuevo escenario para considerar nuevas formas de relación entre las diferentes partes. Los hechos han demostrado que el sistema judicial funciona y que ha sabido responder ante el intento de forzar un cambio de régimen utilizando mecanismos ajenos a la Constitución. Sin embargo, la sentencia no acaba con el problema de Cataluña. Por ello, todas las partes deben considerar el momento como un punto de inflexión que acabe con el estancamiento político y social que afecta a Cataluña y que contamina la política general de todo el país desde hace ya unos años. El diálogo debe ser el único camino para lograr el entendimiento, sin atajos fuera de la Constitución.

Y si el tema debe resolverse en las instituciones, los responsables de estas instituciones deben ser los primeros en hacer una llamada para que la calle no se convierta en escenario de altercados ni alteraciones de la vida cotidiana de los ciudadanos. Alentar movilizaciones generalizadas no sólo no va a cambiar la sentencia, sino que puede tener dramáticas consecuencias para bienes y personas. Lo que sería una insensatez.