El empresario Bartolomé Sbert ha asegurado este miércoles en el juicio contra los investigadores del caso Cursach que a raíz de las filtraciones a la prensa fue tratado como un terrorista y que pasó en prisión "los peores diez meses de su vida".
"Ahora veo que fui torturado. Pasé 72 horas en un calabozo sin luz y tuve que orinar hasta tres veces en un rincón de la celda", ha añadido.
Según ha relatado, tras su detención y traslado a la comisaría, una de las agentes de Policía Nacional, le dijo que estaba acusado de, entre otros delitos, extorsión, cohecho, falsedad documental, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, salud pública, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal y corrupción de menores. "Pero sin referirse a ningún hecho", ha matizado.
En la sesión de este miércoles también se ha referido a las amenazas de prisión que a su juicio recibió de los investigadores para lograr la implicación del expolítico José María Rodríguez. "O me das a Rodríguez o te comerás cinco meses", ha asegurado que le dijo uno de los agentes de la Policía Nacional que le arrestó en febrero de 2017.
"No tenía ni tengo nada que decir de José María Rodríguez. Solo tenía la relación propia de la experiencia y de nuestros respectivos cargos políticos y empresariales", ha señalado en relación a su gestión de negocios "emblemáticos y singulares".
El empresario ha recordado que fue calificado como preso especialmente peligroso por las informaciones aparecidas en prensa y que ni los funcionarios de prisiones sabían cómo tenían que tratarle porque nunca había habido un etarra preso en la isla. "Fui calificado FIES 2, como a los etarras, por un periodista de Diario de Mallorca y por sus filtraciones pasé en prisión los peores diez meses de mi vida", ha asegurado.
Sobre su estancia en prisión, el testigo ha admitido que se le ofreció abonar una fianza de 500.000 euros para salir, pero que con su abogado creyó que estaba más seguro en el centro penitenciario. "Tenía miedo de que me tendieran una trampa para volver a meterme en prisión", ha añadido, antes de decir que solo optó por salir de prisión cuando se apartó del caso a Manuel Penalva.
Sbert ha subrayado que el día que consiguió la recusación del exjuez Manuel Penalva "todo cambió". Así, ha explicado que tras la publicación de unos mensajes entre el juez y una testigo que según ha afirmado estaban contaminados. "Manipularon a testigos, no estaban investigando nada y le dije al juez que no me merecía ninguna confianza", ha añadido.
En otro momento de la declaración, el testigo ha tenido duras palabras "contra los jueces y los fiscales" a quienes ha acusado de apoyar a Penalva y Subirán. "Nosotros éramos la mafia, pero fuimos valientes y conseguimos tener un juicio justo", ha indicado.
El interrogatorio a Sbert ha tenido, otros momentos de tensión, concretamente cuando ha preguntado el letrado Pedro Horrach, abogado de uno de los agentes de Policía Nacional. El abogado ha criticado las interrupciones del fiscal Tomás Herranz; "son estrategia puramente mía", ha afirmando elevando el tono y ha instado al testigo a no dirigirse a los acusados, en un momento en que ha intercambiado algunas palabras con uno de los policías mientras se le exhibía un documento.
Sobre las interrupciones, el fiscal Herranz ha hecho hincapié en que seguirán haciendo las apreciaciones que considere oportunas y que será el presidente del tribunal quien decida.
TAMBIÉN HA DECLARADO UN INSPECTOR DEL GOVERN: "RECIBÍ AMENAZAS DE SUBIRÁN"
Un inspector del Govern ha señalado que el fiscal Miguel Ángel Subirán, durante una declaración judicial a la que acudió como testigo en el marco del caso Cursach, en el momento en el que negó que el grupo del magnate gozara de trato de favor por parte del Ejecutivo autonómico, le amenazó con cambiar su calificación a investigado.
El inspector ha comparecido como testigo en la sesión de este miércoles del juicio a los investigadores del caso Cursach. "El fiscal me dijo que mis respuestas no eran las adecuadas. Me preguntó si Cursach tenía trato de favor y le dije que no, que tenía la misma consideración que cualquier otro empresario. 'Para, para. Vamos a cambiar la calificación y vas a pasar a investigado'", ha relatado. Entonces, ha admitido, en concreto refiriéndose al empresario Bartolomé Sbert, que por haber sido director general podía tener "cierta consideración" en la Conselleria. "Yo solo quería salir de allí", ha añadido.
El testigo ha afirmado, en línea con lo apuntado por otros testigos, que recibió amenazas por parte del fiscal con "llevarle al calabozo" lo que le hizo sentirse intimidado.
En otro momento de la declaración, a preguntas del abogado de las defensas Javier Barinaga, el testigo ha admitido que tenía el móvil personal del empresario Bartolomé Sbert, el número 2 de Cursach, y ha considerado "normal" tener el número personal de empresarios a quienes se les practican inspecciones.
Sobre su relación con el empresario, el testigo ha negado en otro momento de la comparecencia que éste le hiciera algún regalo. "Solo me ofreció ir a un gimnasio suyo a tratarse problemas de cadera, aunque lo rechazó", ha añadido.
En todo caso, ha negado que tuviera una relación de amistad y ha reducido sus contactos a fluidos y cordiales. También ha afirmado que es habitual que se avise a los empresarios cuando va a haber inspecciones para que haya personal responsable presente.
El letrado de la defensa ha pedido, mostrando su declaración, que el testigo indicara si había algo que no era cierto. En este punto, el testigo ha negado que dijera que investigar al grupo Cursach "fuera un marrón que nadie quería en la Conselleria", aunque el juez ha advertido que no era una cuestión que formara parte del procedimiento actual.
El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, sigue este miércoles con más declaraciones de testigos.
Cabe resaltar que también se sientan en el banquillo miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el entonces inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.
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