El juicio del Caso Cursach acabará el 14 de diciembre

En un principio estaba previsto que acabara en abril. Después se recortó a mediados de febrero tras el ajuste de testigos que hicieron los abogados de la defensa y, finalmente, terminará a mediados de diciembre.

Todo, después de que la Fiscalía anunciara el pasado viernes que retiraba todas sus acusaciones al comprobar que "no hay prueba de cargo para sostener ninguna de los hechos de acusación contra los acusados".

El lunes -ayer- hacían lo mismo dos de los tres empresarios de Magaluf que también acusaban en el juicio. Uno de ellos, Ángel Ávila, borraba la acusación contra Bartolomé Cursach, Gabriel Mayans, Josep Mayol, Feliciano Franco, Gabriel Torres, Bartolomé Capó, Felipe Florit, Rafael Amengual, manteniéndola, eso sí, para Bartolomé Sbert.

EL CASO: CÓMO EMPEZÓ Y EN LO QUE HA QUEDADO

El caso Cursach comenzó a investigarse en 2013 y supuso la imputación del empresario, personas de su entorno, políticos y decenas de policías y funcionarios.

El grueso de esa instrucción corrió a cargo del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, actualmente jubilados por incapacidad y pendientes de ser juzgados acusados de detenciones ilegales, coacciones a testigos y obstrucción a la justicia.

Buena parte de las declaraciones en el juicio de los acusados, catorce de ellos policías locales de Palma, han versado sobre las supuestas presiones, intimidaciones y falseamientos de Penalva y Subirán.

En cuanto a los testigos llamados a declarar a instancias de las acusaciones, no han aportado, a juicio de la Fiscalía, ningún elemento de prueba suficiente para que la Audiencia castigue la presunta red corrupta.

Ya quince días antes de que comenzará la vista, Anticorrupción rebajó de 8,5 a 1,5 años respecto al primer escrito de acusación su petición de penas de cárcel para Cursach, al que atribuía delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación y coacciones.

Cursach, que estuvo en prisión preventiva durante trece meses, estuvo imputado por cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, pertenencia a organización criminal, fraude fiscal, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores, delito contra los trabajadores, falsedad documental, estafa procesal, tenencia ilícita de armas y narcotráfico.

Para Bartolomé Sbert, la Fiscalía mantenía hasta ahora una petición de prisión de 3,5 años de cárcel.

La mayor petición de pena, de 8 años de cárcel, se planteaba contra un policía local de la unidad encargada de inspeccionar los locales de ocio nocturno, a quien se le atribuían delitos de cohecho continuado, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.

La Fiscalía contaba con que los testigos que había citado a declarar pudieran corroborar que, a cambio de favores y recompensas, los policías acusados inspeccionaban discotecas de la competencia de Cursach de forma arbitraria e intimidando y que algunos se apropiaban de drogas que requisaban durante sus intervenciones, bebían gratis y se drogaban en establecimientos del empresario.

También sostenía que se produjeron diferentes episodios de actuaciones corruptas como extorsiones, amenazas y abusos de los policías al margen de las prácticas dirigidas a beneficiar a Cursach.

Finalmente, los fiscales de Anticorrupción han entendido que las declaraciones de los testigos no son suficientes para sostener estas acusaciones y han optado por desistir.

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