Jarro de agua fría con la tarifa plana

Como un jarro de agua fría ha caído en la sociedad balear la noticia de que la Mesa del Congreso de los Diputados, con los votos del PP y de Ciudadanos, alineándose con el Gobierno, ha vetado la tramitación de la iniciativa del Parlament de les Illes Balears para modificar el régimen especial para contemplar la tarifa plana de 30 euros por trayecto en los vuelos interislas. Esta iniciativa, aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas del Parlament autonómico, ha topado con el veto del Gobierno de Mariano Rajoy, argumentando que la aplicación de dicha medida dispararía el presupuesto que el Ejecutivo destina actualmente a las bonificaciones por residencia, pasando de los 17 millones anuales a una estimación de 30-40 millones. Y que además, de aprobarse tal medida para Balears, Canarias la reclamaría para sus residentes, con lo que el gasto se quintuplicaría.

Como es natural, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reprochado a los ‘populares’ y a Ciudadanos su postura en Madrid, contraria a la que mantienen aquí y que perjudica a los habitantes del archipiélago. Y además, ha solicitado una reunión urgente con el Ministro de Fomento a fin de clarificar la situación, pues su antecesora en el cargo se mostró proclive a la petición balear.

Ante tan incómoda situación, la portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, ha argumentado que mientras no se aprueben los presupuestos generales del Estado, que actualmente están bloqueados por falta de apoyos para que salgan adelante, el Gobierno no puede acceder a modificar el REB. Y además ha justificado al Ejecutivo central diciendo que actúa de igual modo con toda iniciativa que suponga incremento del gasto.

Es posible que el PP tenga razón, lo que no resta un ápice la justificada indignación de la presidenta Armengol, pero se echa en falta una postura más combativa por parte de los diputados del PP en el Congreso. No debieran perder de vista que casos como el que nos ocupa, les desgasta políticamente de forma titánica y les hace perder credibilidad ante la ciudadanía, además de dar una impresión de nula capacidad de influencia y de defensa de los intereses de los ciudadanos de Balears.