Ivan Sevillano, de Podemos, gestionará las carreteras en el Consell de Mallorca

Tal y como adelantaron los tres partidos en la firma del acuerdo de gobernabilidad en Raixa, la cabeza de lista de Més per Mallorca al Consell, Bel Busquets, será la vicepresidenta primera y consellera de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, mientras que la candidata de Podemos, Aurora Ribot, será la vicepresidenta segunda y consellera de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Los tres partidos acordaron que cada uno podría disponer de un conseller ejecutivo no electo, y Més había adelantado que en su caso sería Jaume Alzamora. Se ocupará de Promoción Económica y Desarrollo Local.

En el caso de Unidas Podemos, el conseller ejecutivo no electo será Iván Sevillano, número 4 de la lista. Será conseller de Movilidad e Infraestructuras. Sevillano, ingeniero geólogo, fue conseller electo de Podemos en la legislatura pasada.

En el caso del PSIB es Josep Lluís Colom, que iba en el puesto 12 de la lista al Consell y por lo tanto no resultó electo, dado que los socialistas obtuvieron diez escaños.

En cuanto al resto de nombres socialistas, la número tres de la lista del PSIB, María Teresa Suárez Genovard, será la consellera de Presidencia. Suárez fue secretaria general de la Conselleria de Presidencia del Govern en la legislatura pasada.

El número cuatro, Javier de Juan, será el conseller de Derechos Sociales. Fue gerente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en la etapa anterior; el número ocho de la lista socialista, Andreu Serra, será el conseller de Turismo y Deportes; y la número nueve, Maria Antònia Garcias -exgerente del Ibavi- será la consellera de Territorio.

Así, tal como avanzó Cladera el viernes, de las nueve consellerias de la institución insular, cinco son para el PSIB, mientras que sus socios tienen dos cada uno.

El acuerdo de gobernabilidad para el Consell de Mallorca firmado el viernes en Raixa incluye 133 puntos, entre ellos eliminar cuatro desdoblamientos de carreteras, introducir cláusulas lingüísticas en la contratación pública y crear una línea de ayudas para ayuntamientos para eliminar símbolos franquistas.