Ir a la raíz del problema

Aunque las reformas son discutidas y discutibles hay un elemento preocupante que la mayoría de los analistas han pasado por alto. El inevitable desequilibrio de la pirámide poblacional que hará imposible pagar las pensiones a la generación del baby boom es algo conocido desde hace tiempo. Sin embargo, aunque en el principio de acuerdo del Pacto de Toledo hay importantes referencias a la legislación sobre pensiones apenas se presta atención a las razones estructurales de fondo que amenazan la sostenibilidad del sistema.

De entrada hay que tranquilizar a la población. Se ha hablado del colapso del sistema de pensiones en un plazo de entre 20 y 50 años, pero estos pronósticos no sólo no es la primera vez que fallan (las pensiones ya habrían sido insostenibles a principios de los 2000) sino que al ser a un plazo tan largo suelen ser muy inexactos (¿Alguien podía prever en los años 60 como sería la economía española en la actualidad?). En cualquier caso, hoy España gasta en pensiones dos puntos porcentuales menos que la media europea, en torno al 10% del PIB. Siguiendo las previsiones del Informe de la UE , España gastará en pensiones en el 2060 lo que hoy ya está gastando Italia, en torno a un 14% del PIB, cosa que no parece tan desorbitada.

Por supuesto, eso no implica que el reto de la pirámide poblacional no exista y no deba ser gradualmente afrontado. Pero si algo es condición sine qua non para afrontarla es no mermar los ingresos de la Seguridad Social. Y ello concierne a trabajadores y a empresarios.

Dicho esto, para dar una solución estructural al problema de la sostenibilidad del sistema hay que empezar por atacar sus causas de raíz. La primera y evidente es que hay que atacar el problema de la baja natalidad, que está en torno a los 1,2 hijos en España.

Una buena política de pensiones empieza por una política pro-natalista. Los expertos han argumentado que establecer una red de guarderías públicas costaría un 2% del PIB y tendría unos efectos exponenciales sobre la natalidad. Y es más, estas políticas, sumadas a otras de racionalización de las jornadas de trabajo permitirían una masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

Hoy la tasa de empleo femenino está en torno al 58% (30 puntos menos que, por ejemplo, Dinamarca). Como demuestran los estudios, la incorporación de la mujer al mundo laboral no sólo va pareja con una mayor fecundidad sino que además permitiría aumentar los ingresos públicos, la fuerza de trabajo y, evidentemente, los cotizantes activos en la Seguridad Social.

La segunda es la necesaria mejora de la productividad española, que incide menos en el aspecto cuantitativo y más en el cualitativo. En la medida en que nos situemos a la cola con un 0,5% por trabajador frente al 1,4% de la UE seguiremos teniendo problemas de financiación de nuestras pensiones. Puestos de trabajo basados en bajos costes laborales, poco productivos y de poco valor añadido generan un escaso remanente en términos de cotizaciones. Esto, evidentemente, conecta con nuestro tejido productivo, deficiente en innovación y desarrollo.

En suma, cuanto más productivos seamos, más ingresos brutos generarán nuestros trabajadores y más monto de cotizaciones tendremos.

En resumen, podemos apostar simplemente por una reducción en las prestaciones de las pensiones o como poco, hacerlo compatible con verdaderas reformas que ataquen el problema de raíz. Hay que dejar de ver las pensiones como un compartimento estanco dentro de las políticas sociales. Lo que necesitamos es tener ambición y amplitud de miras para reformar no sólo estas prestaciones sino la esencia misma de nuestro contrato social.