La próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va a llevar aparejada la modificación de uno de sus términos más intencionadamente equívocos, el de imputado. Desde ahora se va a llamar investigado. Si bien la condición jurídica de la persona afectada no va a modificarse, lo cierto es que el cambio terminológico se ajusta mejor a su situación procesal. Un imputado, ahora investigado, no es nada distinto a una persona a la que se le está investigando debido a la existencia de un posible delito; la denominada como noticia criminis.
En un intento por introducir en la jerga cotidiana, y en las tertulias, la morbosa vertiente penal de nuestros representantes públicos, a veces observo asombrado cómo muchos periodistas usan indistintamente los términos imputado, procesado, acusado o condenado. Según la Constitución Española, ese "papelito del 78" que diría quien ya sabemos, todos los españoles gozan del derecho a la presunción de inocencia, esto es, nadie es culpable de nada hasta que una sentencia firme (ante la que no quepa recurso) lo declare. Es curioso cómo ciertos medios de comunicación han catalizado el legítimo sentimiento de indignación popular a través de la inversión del principio constitucional antes indicado. Además, lo que alimenta esa búsqueda de la verdad en paralelo, o en oblicuo, al proceso no es la lucha por la verdad, sino el "share". Todo "Primetime" hablando de imputados aumenta el share. Esa frase resume la cierta esquizofrenia televisiva. La televisión utiliza una suerte de método Bokanovsky, que diría Aldous Huxley, y busca crear grupos uniformes de televidentes que se nutran, exclusivamente, de sus informaciones.
Sin embargo, volviendo al punto de partida, un imputado no es un condenado (dictada sentencia condenatoria) ni un procesado (dictado contra él un auto de procesamiento). Dicho todo lo anterior, debo añadir un último matiz: cualquier imputado debe dejar la política activa. Cualquiera. Alguno estará pensando que mis afirmaciones son contradictorias, pero no es así. Los políticos cobran de nuestros impuestos y tienen el -olvidado- deber de ser ejemplares en su comportamiento. Indudablemente, nadie puede dar ejemplo estando imputado, respetando completamente su presunción de inocencia, por supuesto. Sin embargo, ¿algún político / política podría dedicarse a dar lecciones de moral y a "repartir carnets" estando imputado? No me sean malpensados, no estoy pensando en nadie en particular...
